El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, decretó el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, ante el incremento sostenido de la violencia vinculada al conflicto armado interno. La medida fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 76, firmado desde Guayaquil, y tendrá una vigencia de 60 días.
“La medida responde al incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la percepción de ilícitos por grupos armados organizados”, señala el documento oficial.
Medidas extraordinarias y suspensión de derechos
Como parte del estado de excepción, el decreto establece la suspensión de dos derechos constitucionales clave:
- Inviolabilidad de domicilio: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas sin orden judicial previa, con el objetivo de ubicar escondites de grupos delincuenciales, incautar armas, drogas y bienes vinculados a actividades ilícitas.
- Inviolabilidad de correspondencia: Se autoriza la revisión e interceptación de comunicaciones físicas y electrónicas, incluyendo mensajes, cartas, misivas o correos, con el fin de identificar y rastrear a integrantes de grupos armados organizados.
El Ejecutivo justificó estas medidas como necesarias para coadyuvar el accionar del Bloque de Seguridad y frenar el avance del crimen organizado en estas zonas.
Contexto de violencia en las provincias
El decreto incluye un análisis detallado de la situación de violencia en cada una de las provincias afectadas:
- En Manabí, se registró un incremento del 239% en muertes violentas, comparando el periodo del 11 de julio al 3 de agosto de 2025 con el mismo periodo del año anterior.
- En Los Ríos, el aumento fue del 55% en ese mismo lapso.
- En contraste, Guayas y El Oro muestran una reducción del 15% y 20%, respectivamente, aunque el Gobierno advierte que siguen siendo provincias con fuerte presencia criminal.
Apoyo militar y control territorial
La declaratoria también busca reforzar el control territorial por parte de las Fuerzas Armadas, cuya presencia será intensificada en zonas críticas para restablecer el orden y la seguridad.
El presidente Noboa ha reiterado que el país se encuentra bajo un conflicto armado interno y que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad nacional. En ese marco, el Ejecutivo mantiene activa su estrategia de seguridad, que incluye estados de excepción focalizados, cooperación internacional, reformas legales y fortalecimiento del aparato militar y policial.
Próximo paso: revisión constitucional
El decreto deberá ser enviado a la Corte Constitucional, que tiene la obligación de revisar su legalidad y proporcionalidad. La Corte podrá aceptar, rechazar o condicionar la validez del estado de excepción dentro de los plazos establecidos por la ley.