El asambleísta Fabricio Villamar, de CREO, anunció ayer en su cuenta de Twitter que iniciará la recolección de firmas para el juicio político a la funcionaria.
Según Villamar, la vicepresidenta es responsable de concusión.
Todo podría concretarse si se comprueba lo que dice una declaración juramentada del abogado Ángel Polivio Sagbay Mejía, sobre presuntos cobros que le habría realizado Vicuña cuando fue asesor de ella durante su período como asambleísta.
Sin embargo, el proceso podría verse retrasado ante la elección de la Corte Constitucional definitiva, organismo que, para dar paso al proceso, tendría que quitarle el fuero a la vicepresidenta.
El proceso de selección de los jueces, según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se daría antes de que acabe el año.
Extorsión. Vicuña rechazó las acusaciones en su contra y dijo que obedecen a una presunta trama de extorsión en su contra y a una campaña de desprestigio de la labor del Gobierno del presidente Lenín Moreno por parte de la oposición, con la complicidad de medios de comunicación.
Asimismo, anunció que interpondrá una denuncia en Fiscalía para demostrar esa supuesta trama de extorsión de la que ha sido presuntamente víctima.
Moreno pidió anoche dejar trabajar a la Justicia. En una grabación emitida por cadena nacional, el mandatario aludió a la situación en la que se encuentra la vicepresidenta al asegurar: “No puedo ni debo actuar como juez”.
“Dejemos que las instancias correspondientes hagan su trabajo, ya es hora de que aprendamos a ser objetivos. Esto es transparencia, esto es democracia”, sentenció.
En su alocución semanal ante la ciudadanía, el jefe de Estado aseguró que bajo su mandato se han “creado las condiciones para una Justicia independiente. Nos ha costado mucho trabajo volver a la institucionalidad, no perdamos el camino avanzado”.
Y con relación a la indagación abierta por la Fiscalía sobre el posible cobro de pagos improcedentes por parte de Vicuña en su etapa de legisladora, manifestó que “hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no, a quién acusan y a quién no, sin interferencia ni órdenes desde el Palacio”.
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