Los detenidos contaron a sus familiares que para evitar ser golpeados deben pagar a un hombre que se encarga de cobrarles a cambio de su seguridad y el libre tránsito por los pabellones.
Todo lo recaudado va a los cabecillas. Estos tienen un registro de quienes cancelan hasta USD 45 al mes. Pero hay casos en los que cada fin de semana exigen entre 10 y USD 25.
Los que no pueden cubrir esos pedidos son amedrentados y heridos con objetos filosos, que según las autoridades son elaborados artesanalmente. Han visto que más de uno se ha quedado en el piso.
Estos detalles los contaron familiares de los detenidos, luego de que el martes murieran tres internos de la cárcel de Esmeraldas. En esta semana, EL COMERCIO ingresó a ese reclusorio y se vio que los presos están internos en pequeñas celdas, cuyas puertas están cubiertas con sábanas.
Ese martes también se confirmó el deceso de un interno en Cotopaxi. Allí, el viernes apareció sin vida la persona que era indagada por el crimen de un taxista en Ambato.
El sábado 2 se reportó la muerte de otra persona en Santo Domingo. En total, seis decesos en seis días.
En este año, en ocho de los 55 centros de rehabilitación que operan en el país se han registrado 11 decesos. En todo el año pasado se contabilizaron ocho.
Las autoridades han encontrado nueve causas que explican le pérdida de vidas humanas: riñas, amenazas cumplidas, problemas emocionales, ataque en defensa propia, actos de odio, violación sexual, líos sentimentales, evasión a la justicia, suicidios. Las dos primeras son las más fuertes.
Precisamente por miedo a las amenazas y muerte, los parientes de los presos no denuncian judicialmente la extorsión de las que son objeto.
En abril pasado, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, señalaba que los hechos violentos también ocurren por enfrentamientos entre bandas criminales que están constituidas desde hace mucho antes de su llegada a las cárceles.
El miércoles, luego de visitar el centro de rehabilitación de Esmeraldas, sostuvo que seguirán con el reforzamiento de las medidas de seguridad, pues las disputas se producen principalmente por el control de los pabellones y por constituirse en ‘caporal’ o cabecilla.
Por ahora, la idea es requisar todo artefacto que pueda ser usado para atacar al resto.
El Comité Permanente de los Derechos Humanos, en un informe sobre el modelo carcelario ecuatoriano (2016), señala que en las requisas realizadas entre el 2010 y 2014 se evidenció el tráfico de bienes ilícitos, teléfonos celulares, armas, cocinetas, refrigeradoras, televisores, entre otros.
En el documento se sugiere que se indague si detrás de estas posesiones existiría la colaboración de los guías penitenciarios y de policías.
Sonia Arteaga, coordinadora zonal 4 del Ministerio de Justicia en Manabí y Santo Domingo, asegura que es necesario que exista una denuncia formal para dar seguimiento a las acusaciones contra los guías señalados de facilitar el paso de objetos no permitidos.
Las autoridades del Ministerio de Justicia dicen que, en efecto, los agentes penitenciarios no pueden controlar de forma personalizada a cada reo. De acuerdo con el portal web de la entidad, hasta abril pasado había 37 633 detenidos en el país, quienes son controlados por 1533 agentes.
El exdirector de la Cárcel de Esmeraldas, José Cevallos (2001-2005), asegura que uno de los problemas en el centro de rehabilitación de varones es la sobrepoblación, pues fue construido para 500 personas y hoy se reportan más de 1 300. “Con el hacinamiento que existe es imposible rehabilitar a las personas que pagan una condena por algún delito”.
A escala nacional, el nivel de hacinamiento asciende a un 37,79%. Eso significa que hacen falta 10 309 plazas para descongestionar la sobrepoblación carcelaria, según un registro de la misma Cartera de Justicia.
Liliana Guzmán, viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad, del Ministerio de Justicia, dijo que “a pesar de algunas debilidades que puedan presentarse en el sistema penitenciario, el Ministerio continuará aplicando una rehabilitación humana, pero con decisiones firmes”.
Al finalizar el año pasado hubo problemas. Alias ‘Chino’, señalado por el crimen de la niña lojana Emilia, apareció ahorcado el 21 de diciembre.
Un mes después, un amotinamiento en la cárcel de Esmeraldas dejó heridos.
El 27 de marzo, en cambio, fue asesinada la directora del centro carcelario de mujeres-Guayaquil. Entonces, la ministra Alvarado repudió el crimen. “Solidaridad con la familia de Gavis Moreno, quien fallece víctima de 12 disparos, repudiable hecho”. (El Comercio)
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