Al prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, se lo implica en presuntas irregularidades, entre ellas: testaferrismo, nepotismo, falsificación de documentos, incumplimiento de resoluciones judiciales, favoritismos en adjudicación de contratos, venta ilícita de bienes y uso indebido de dinero público.
Algunas de ellas son investigadas por entes de control.
Denuncias y documentos hablan de nepotismo y testaferrismo
Entre las principales anomalías que envuelven al prefecto Curicama, consta el supuesto delito de nepotismo: corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar, por la dispensa de honores, dignidades, cargos y prebendas a los parientes o allegados de los funcionarios, sin evaluar las capacidades o los méritos que poseen para el cargo.
En la página de Transparencia de la institución consta que familiares cercanos al Prefecto y su esposa forman parte de la nómina del GAD Provincial de Chimborazo.
Según el jurista Guillermo Haro, “efectivamente tienen en cargos públicos en el Consejo Provincial de Chimborazo a sus agnados, cognados, consuegro, sobrinos, hermanos.
Son parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, lo cual está prohibido por la ley. Patricia Herrera, viceprefecta de Chimborazo en el período 2009-2014, confirmó que hay más irregularidades.
“Durante un encargo de la Prefectura recibí dos contratos ya elaborados, simplemente para que yo firme. Eran contratos a nombre de los señores Lema Gadvay, sobrinos políticos del Prefecto”. Según los denunciantes, estos servidores públicos estarían inmersos en el delito de testaferrismo, al igual que otros tres trabajadores.
El artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula qué es y cómo se sanciona el testaferrismo: “La persona que consienta en aparentar como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento ilícito del servidor público o producto del enriquecimiento privado no justificado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
En documentos a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Medios Públicos, en varios contratos se evidencia que uno de los empleados y sus dos hijos, quienes laboran en la Prefectura, habrían adquirido lotes de terreno en el cantón Chambo.
En documentos del Registro de la Propiedad se observa que los sobrinos políticos del Prefecto habrían comprado otros cuatro lotes en el mismo sector. Para Haro, el valor que se pagó por esos terrenos no concuerda con el valor real, debido a que cada hectárea de terreno oscila entre $ 25.000 y $ 30.000.
Venta de bienes públicos a bajo costo y con el voto de un muerto
La liquidación y venta del Parque Industrial de Riobamba es cuestionada. Se hizo sin el supuesto consentimiento de los miembros del Concejo Metropolitano ni del Consejo Provincial, a $ 2 el metro cuadrado, no al costo comercial: de $ 100 a $ 150. Incluso, el 27 de noviembre de 2009 se concretó la venta con el voto de Segundo Palmay, miembro de la Junta de Accionistas de Inversiones Productivas Riobamba, Compañía de Economía Mixta Impriocem, quien murió en julio de 1998.
No hay documento que justifique quién firmó por él y con qué poder. Para Herrera, no se cumplió con la Ley de Compañías: “La norma establece que no se puede proceder a una liquidación de una empresa si es que no tiene el 50% de pérdida, y realmente el Parque Industrial no lo tenía”.
Por ello, en julio de 2013 pidió a la Contraloría realizar un examen especial para definir el costo del paquete accionario y la responsabilidad del Alcalde de Riobamba y del Prefecto. Se le ofició al entonces contralor Carlos Pólit, al Fiscal de Chimborazo, a la Secretaría Nacional de Transparencia y otros entes.
En las recomendaciones de la Contraloría se sugiere recuperar los terrenos, además de un paso peatonal que habría sido vendido.
Contratos entre la Prefectura y la empresa de un compadre
También existe una denuncia por la vinculación y contratos entre la Prefectura y la firma Covipal. El representante legal es Santiago Oviedo, compadre de Curicama. Según el Sistema de Contratación Pública, en 13 años la Prefectura de Chimborazo le ha adjudicado contratos por $ 61’426.384,27.
Oviedo dijo a los medios públicos que se trata de calumnias debido a su próxima candidatura para Prefecto por el movimiento Minga.
Pero no niega que su empresa haya contratado con la institución liderada por su compadre. “Con el gobierno provincial de Chimborazo hemos tenido un número interesante de contratos, pero han sido enmarcados dentro de la ley y el Sistema de Contratación Pública. Hemos ganado contratos de manera lícita”.
Para Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, es responsabilidad de la Contraloría realizar exámenes frente a las denuncias y de la Fiscalía investigar.
“No es solo el caso de Curicama, son varios casos que ya tienen responsabilidad penal. A varios prefectos y alcaldes se les acaba el período y mañosamente están tratando de ser reelegidos o de poner a su gente para que les oculten las mañoserías que hicieron en el ejercicio de su poder”.
Los medios públicos solicitaron entrevista con Curicama, pero en reiteradas ocasiones, a través de su asesor, adujo que estaba con agenda apretada por sus funciones y por la formación de su nuevo movimiento Minga. (El Telégrafo)
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