El poder judicial de Perú se declaró en emergencia por 90 días, tras el escándalo de audios de venta de sentencias y tráfico de influencias que involucra a jueces y fiscales, informó el miércoles 18 de julio la gaceta oficial.
«Se resuelve declarar en emergencia al Poder Judicial por el plazo de 90 días, que comprenderá a los órganos administrativos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Ejecutivo, Distritos Judiciales, Sala Penal Nacional, Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y a la Gerencia General», indica la norma que firma el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, publicada en el diario El Peruano.
«Atendiendo a la problemática que se presenta en la realidad judicial resulta imperativo adoptar medidas urgentes e inmediatas, para restablecer el normal, eficiente y transparente desarrollo de las actividades jurisdiccionales», señala la resolución.
La decisión se toma una semana después de informaciones divulgadas por los medios de prensa denunciando una serie de hechos graves en el sistema judicial, en particular en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano institucional encargado de elegir jueces y fiscales.
«El Poder Judicial no ha muerto. El Poder Judicial es capaz de enfrentar la grave crisis que tenemos», dijo Rodríguez la noche del martes 17 de julio en declaraciones a la prensa. Por su parte, los miembros del CNM pusieron sus cargos a disposición del Congreso -encargado de nombrarlos- ante el pedido del presidente Martín Vizcarra para remover a la totalidad del equipo.
«No nos aferramos al cargo y no renunciamos porque no hemos cometido acto irregular alguno pero ponemos nuestros cargos a disposición del Congreso», dijo en conferencia de prensa Orlando Velásquez.
El parlamento deberá decidir este viernes 20 de julio si los ratifica o los remueve. El lunes 16 de julio, el CNM anunció una reorganización interna y la suspensión indefinida de un magistrado de la Corte Suprema, a raíz del escándalo. (El Telégrafo)