La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura (CJ), en coordinación con instituciones de la Función Judicial y colectivos ciudadanos, organizó el taller: “Mecanismos de coordinación para combatir la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes”.
El encuentro que se desarrolló este viernes, en el Auditorio del Complejo Judicial Norte, tuvo como objetivo identificar herramientas técnicas para que las organizaciones de la sociedad civil puedan asesorar, de mejorar manera, a las víctimas y sus familias sobre este tipo de agresión.
Sara Mantilla, directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia (e), mencionó que es necesario que el Estado y la sociedad civil apliquen protocolos unificados para atender estos casos. “Desde la Función Judicial hemos establecido una ruta que se la está construyendo en una mesa técnica liderada por el Ministerio de Educación, para brindar atención a la víctima. Lo primero que se debe hacer es motivar a que se presente la denuncia, para que la justicia opere”, precisó.
En la misma línea, Lorena Salazar, delegada de la Fiscalía General, señaló que la entidad prioriza estos temas y que su misión es incentivar a los ciudadanos a que denuncien.
Durante el evento, Amparo Molina, representante de familiares y víctimas del caso Aampetra, dio cifras sobre esta problemática. Comentó que, según el Ministerio de Educación, existen 919 casos de violencia sexual, de los cuales, el 63 % fue cometido por docentes. Es por ello, que consideró indispensable diseñar políticas públicas que coadyuven a la erradicación de este delito y faciliten el acceso a la justicia.
Gabriell Castellanos, de la agrupación Sentimos Diverso, fue más allá, al señalar que el problema no es la creación de políticas públicas, sino que desde las Funciones del Estado y la ciudadanía se diseñe una estrategia de acompañamiento a quienes han sufrido este tipo de violencia y para ello, puntualizó que es necesario conectarse con esas experiencias.