De enero a noviembre de 2017 se recaudaron a través del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) $460 millones, más que el año pasado, $ 457 millones. Paola Murillo, madre de una jovencita de 16 años, lucha desde hace siete años para que el padre de su hija le pase una pensión alimenticia. Ella salía la tarde del 18 de diciembre de la unidad judicial de la familia, Niñez y Adolescencia junto con la adolescente con la esperanza de que se haga efectiva la boleta de apremio. Desde el 2010 la mujer recorre los juzgados y unidades judiciales en Guayaquil para conseguir que su expareja le pase una pensión para su hija, que ya está a punto de graduarse. Y su preocupación ahora es solventar los estudios superiores de la joven. La demanda fue aceptada al trámite, presentó todos los requerimientos y se fijó la cantidad que debía pasar de pensión, pero en estos siete años no pagó ni un centavo, porque estaba fuera de Guayaquil y ya adeuda $ 10.000. Por esa situación solicité una boleta de apremio, porque regresó a la ciudad. “Así espero que cancele lo adeudado que servirá para los estudios de mi hija”. Hasta el 30 de noviembre de este año, 643.036 padres estaban registrados en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) para depositar sus pensiones que benefician a 804.995 niños y adolescentes a escala nacional. Según el Consejo de la Judicatura, el promedio de pagos alimenticios va desde los $ 34,29, que lo cancelan 17.961 personas; hasta los $10.895,77, que solo cinco ciudadanos en el país tienen que dar esa cantidad. Sin embargo, dentro de los ocho rangos de pensiones, son los 349.959 progenitores que pagan $ 128,80, los que superan a los demás en número. 2.835 ciudadanos cancelan $1.842,50 y 5.130 depositan por mes $ 753,14. El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, al referirse al Código Orgánico General de Procesos (Cogep) expuso como una de sus innovaciones al SUPA, el cual beneficia a más de un millón de usuarios y garantiza el derecho de manutención de niñas, niños y adolescentes. “Todo el sistema bancario y del país es parte de este proceso y las beneficiarias deciden en qué banco quieren recibir su pago que además es un sistema más rápido”.