El ruido de la retroexcavadora, de la aplanadora y las volquetas no se escucha más. Los vecinos dicen que solo hay silencio y un cartel que advierte: “peligro, hombres trabajando”.
Anticorrupción de Manabí indica que en el terreno del Hospital de Pedernales no labora nadie desde el viernes 5 de junio del 2020. Asegura que las obras se pararon luego de que el asambleísta Daniel Mendoza y otros fueran detenidos y acusados de haber integrado una red de corrupción articulada alrededor de este proyecto público.
Ayer, el 6 de junio, el parlamentario fue recluido en la Cárcel 4 de Quito, después de que el juez Marco Rodríguez emitiera prisión preventiva.
El Consorcio Pedernales-Manabí está a cargo de la edificación y su representante también está detenido desde el pasado 14 de mayo, por supuestos vínculos con esta trama.
El jueves 4 de junio, cuando todavía se realizaban trabajos de movimiento de tierra, la firma señaló que el avance era del 2%. Sin embargo, del anticipo de USD 8,2 millones que recibió por parte del Servicio de Contratación de Obras (Secob), ente que adjudicó la obra, solamente quedaban en su cuenta de BanEcuador USD 893 032.
La Fiscalía señala que USD 7,3 millones para levantar el hospital fueron desviados y que se usaron para pagar a funcionarios públicos. Entre ellos aparecen servidores municipales del cantón Sucre, en Manabí, del Secob y de la Asamblea Nacional.
El viernes 5 de junio, en la audiencia de Mendoza, la fiscal general Diana Salazar dijo que estos burócratas habrían formado parte de una organización delictiva, cuyo objetivo era beneficiar a un grupo de contratistas con obras de infraestructura en Manabí, entre estas el Hospital Básico de Pedernales.
Todo a cambio de dinero.
Salazar afirmó ante el magistrado que en los computadores incautados al Consorcio Pedernales-Manabí se descubrieron registros sobre los pagos a funcionarios. “En esos documentos se dice claramente que se entregó dinero a Tamayo y a Mendoza”, apuntó.
Se refiere a René Tamayo Silva, gerente de Secob, quien también está arrestado. “En los chats materializados se verifica cómo le rinden cuentas a Daniel Mendoza. Algunos chats dicen textualmente: de parte del asambleísta Daniel Mendoza”, agregó la Fiscal ante el juez Rodríguez.
Francisco Zambrano vive en Pedernales. Es miembro del Comité Prohospital de Pedernales y advierte que está preocupado por los últimos acontecimientos judiciales. “Primero nos ofrecieron un hospital después del terremoto. Pasaron años y nada. Ahora, que al fin pensábamos que se haría realidad este sueño, saltan estos hechos de corrupción. Nos sentimos burlados”.
Para el alcalde de Pedernales, Óscar Arcentales, los rumores sobre actos ilícitos se hicieron más fuertes a partir del 14 de mayo pasado, cuando fue arrestado Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza. En su poder, la Policía encontró 22 fajos de billetes de USD 20 y USD 10. El dinero tenía las etiquetas de BanEcuador.
El Alcalde habló con este Diario y señaló que, más allá de la investigación penal, existe una afectación directa para los 61 000 habitantes de Pedernales, “quienes se quedan sin su hospital para atenderse”.
Por esa razón pide que la Secop busque la forma de terminar unilateralmente el contrato con el Consorcio y se vuelva a adjudicar el proyecto en el menor tiempo posible. Esta sería la tercera vez que el Estado intenta concretar la edificación.
En las dos licitaciones anteriores la Contraloría halló indicios de responsabilidad penal. La primera vez se entregó la obra a una empresa que presentó garantías de cumplimento falsas. Luego de echar abajo ese contrato, se adjudicó la construcción al Consorcio que ahora es investigado.
En esta ocasión, los auditores hallaron que su propuesta se calificó “sobre la base de certificados (de experiencia) inválidos”. De hecho, el consorcio, cuando resultó ganador en febrero pasado, solo tenía dos meses de haberse constituido.
Además, el representante de la compañía adjudicada era gerente general de una firma subcontratista, “lo que está prohibido”. Por esa razón la oferta debía ser descartada. Pero los funcionarios de la Secob la validaron y hoy ellos también están presos e investigados penalmente. (El Comercio)