La tasa de homicidios alcanzó los dos dígitos. En 2021 hubo 14,06 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más alta en ocho años, según datos oficiales entregados por la Presidencia de la República.
El Gobierno indica que el aumento de homicidios se debe, en gran medida, “a la violencia en los centros de privacio?n de libertad” que inicio? desde, al menos, el an?o 2020, aunque tambie?n reconoce que ha crecido la violencia en las calles.
“En ambos casos, este incremento de violencia en la actividad criminal se vincula a la delincuencia organizada y a las dificultades que tiene el sistema de justicia y sus o?rganos auxiliares para investigarla y procesarla. A esto se suma el problema estructural del hacinamiento en los centros”, indica el Gobierno en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública que la tarde de ayer (25 de enero de 2022) llegó a la Asamblea.
Respecto de la delincuencia organizada, la iniciativa plantea mejorar “el tipo penal para que se reprima a los colaboradores que no ejercen mando”. Adema?s, se excluye de este delito de aquellos que pueden acogerse al procedimiento abreviado y las penas reducidas y así dejar antes las cárceles, como sucede actualmente.
Dentro de las reformas al Código Penal vigente (COIP), la iniciativa destaca los cambios encaminados a preservar “la reserva de la investigacio?n en aquellos casos donde filtraciones pueden comprometer no solo ese proceso penal sino la seguridad de grandes sectores de la poblacio?n”. Es por ello que se aclara que ciertas diligencias como la detencio?n con fines de investigacio?n podrían autorizarse sin cursar notificacio?n previa que fomente la fuga.
Otro punto que busca ser incluido en las normativas ecuatorianas es “robustecer” la presuncio?n de inocencia de polici?as y militares que hayan usado la fuerza en ejercicio del deber. Esto se lograría de las siguientes maneras:
- Se reitera su presuncio?n de inocencia. En toda investigacio?n o proceso que surja por el uso de la fuerza por parte de un servidor policial o militar se presumira? que el uso fue legal. La Fiscali?a o acusador debera? demostrar con pruebas que hubo abusos o extralimitaciones cuando sea el caso.
- Se ordenan diligencias investigativas especi?ficas que tomen en cuenta la doctrina policial o militar cuando se investigan presuntos abusos del uso de la fuerza.
- Se preve?n capacitaciones a servidores judiciales sobre el uso legal de la fuerza.
- Se garantiza el derecho de los polici?as a contar con patrocinio legal gratuito cuando son sujetos a investigaciones o procesos por actos de servicio, pudiendo elegir a su abogado de confianza o uno designado por el Ministerio de Gobierno. (Redacción: DPV/La Hora)