Una fiscal argentina pidió la prisión preventiva para seis imputados en la causa por supuestos abusos a menores de edad pertenecientes a la categorías inferiores del club Independiente, informaron hoy fuentes judiciales.
La procuradora María Soledad Garibaldi, que investiga al menos diez casos de abuso sexual, solicitó el ingreso provisional en la cárcel del árbitro Martín Bustos, el representante Juan Manuel Díaz Vallone, el relaciones públicas Leonardo Cohen Arazi, el organizador de torneos Alejandro Dal Cin y el estudiante Silvio Fleytas.
Según confirmaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam, la fiscal también incluyó en su petición a quien fuera el primer abogado de Bustos, Carlos Tomás Beldi, acusado de «encubrimiento agravado» por supuestamente destruir a martillazos un teléfono móvil de su cliente cuando se destapó el caso.
Se trata de seis de los siete detenidos en esta causa que investiga presunto abuso sexual ultrajante y corrupción de menores con agravantes.
La situación judicial del séptimo arrestado, el representante Alberto Ponte, quien está acusado de ciberacoso, todavía no se resolvió.
Por esta causa también fue imputado Javier ‘Pipo’ Marín, vocal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vicepresidente del club Acasssuso, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia el pasado jueves y aseguró que es inocente y que quieren «ensuciar» su imagen.
El escándalo fue destapado hace un mes, cuando el propio club Independiente informó que había presentado una denuncia después de que trascendiera que un jugador de las divisiones juveniles presuntamente prostituyó a varios chicos de entre 14 y 16 años.
En concreto, fue acusado de obligar a los menores, que al igual que él vivían en la pensión del club, a tener relaciones sexuales con hombres mayores de edad en un apartamento a cambio de dinero.
Según los testimonios de las víctimas y de varios de los 57 jugadores que vivían en la pensión de Independiente, los futbolistas recibían botines, calzoncillos, dinero en efectivo o cargas en las tarjetas de transporte a cambio de sus «servicios sexuales». EFE