La Comisión de Desarrollo Económico aprobó, con 9 votos a favor y 2 abstenciones, el informe no vinculante sobre el veto parcial a la Ley de Fomento Productivo.
En la sesión que se desarrolló la tarde del martes 31 de julio, los legisladores analizaron el segundo alcance de la objeción enviada el 24 de junio por el presidente Lenín Moreno.
El texto incorpora la obligación del Estado para establecer mecanismos de arbitraje nacional o internacional para resolver conflictos que surjan en contratos de inversión superiores a $ 10 millones.
El reclamante podrá escoger la instancia de arbitraje de acuerdo a tres instrumentos legales. Este tema, uno de los más sensibles del proyecto, fue aprobado con 9 votos afirmativos y 2 en contra.
Los correístas Sofía Espín y Mauricio Proaño (RC) cuestionaron que el documento no contiene ciertos requisitos para ingresar a la Asamblea, como la fecha, el número de memorando, también observaron que el texto con los cambios incluidos no tiene fundamentación, entre otros.
Ambos manifestaron que si bien la ley contiene elementos positivos, en su conjunto no presenta mayores beneficios.
Solicitaron una aclaración sobre el segundo alcance, pedido que la Secretaria de la Asamblea Nacional trasladó a la Presidencia de la República, indicó Esteban Albornoz (AP), presidente de la Comisión, y aseguró que el escrito sí cumple con los plazos porque fue recibido por el Ejecutivo el 25 de junio. Para Patricio Donoso (CREO), César Rohón (PSC) y Fernando Burbano (Independiente) la incorporación de instancias para arbitraje internacional brinda seguridad jurídica a las inversiones interesadas en venir al país.
Para el próximo martes, 7 de agosto, esta previsto el debate final en el Pleno de la Asamblea, indicó Esteban Albornoz. (El Telégrafo)
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