Asambleísta manabita pidió que le quiten el sueldo a Daniel Mendoza

La asambleísta de CREO, Tanlly Vera, envió un oficio a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, para que convoque al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y decida sobre la suspensión del sueldo del asambleísta por Manabí, Daniel Mendoza.

El sábado, tras cinco horas de la audiencia de formulación de cargos, Mendoza y otras cuatro personas fueron procesados por el presunto delito de delincuencia organizada.

El pedido de suspensión de sueldo alega la actuación similar que recibieron los correístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, que pese a vivir en México aún son asambleístas de la República. Yofre Poma, recuperó su sueldo luego de que la Corte Nacional le extendiese una medida cautelar. Mendoza no sería destituido de la Asamblea hasta que reciba una sentencia.

$ 4,759 mensuales es el sueldo de Daniel Mendoza en la Asamblea Nacional.

Por el caso del hospital de Pedernales, Mendoza y otros cuatro implicados, Edmundo René Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob),  Jenifer C., Tania S. y Ángel A recibieron prisión preventiva y para Olga M. se dictó la medida sustitutiva de arresto domiciliario. El Juez Marco Rodríguez señaló que la instrucción fiscala durará 90 días.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó 15 elementos de convicción. La fiscal, Diana Salazar, señaló que el pedido se busca evitar “que los procesados evadan la justicia, ya que existe un alto riesgo de fuga, al tratarse de un delito grave contra la administración pública”.

Compleja red

El pasado 14 de mayo, Fiscalía anunció la ejecución del operativo ‘Fortuner’ relacionado con la investigación de irregularidades en la adjudicación para la construcción del Hospital.

Durante esta operación se anunció la detención de varias personas; entre estas, Jean Carlos B., asesor del asambleísta Mendoza. Él, supuestamente, habría sido uno de los que recibió dinero de la cuenta del consorcio. Jean Carlos B., además, fue secretario ejecutivo del movimiento Mejor, del asambleísta.

Esto llevó a la detención del asambleísta por presunto delito de delincuencia organizada.

Mendoza llegó cerca de las 10:00 del sábado a la Unidad de Flagrancias, al norte de Quito.

En los computadores incautados en el Consorcio Pedernales – Manabí se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos. En esos documentos dice que se entregó dinero a Tamayo y Mendoza.

Delincuencia organizada

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar justificó la estructura de delincuencia organizada bajo la cual el asambleísta, valiéndose de su cargo, coordinaba acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí.

En la audiencia, Fiscalía manifestó que se encontró cómo los implicados le rendían cuentas a Daniel Mendoza mediante chats materializados. (ECV/ AVV)

El hospital que nunca se hizo

El proyecto Hospital Básico de Pedernales ya se había visto envuelto en investigaciones de corrupción. Previo a la adjudicación al Consorcio Manabí-Pedernales, la construcción de esta casa de salud, anunciada tras el terremoto de 2016 y licitada a inicios de 2019, se puso en manos de Tippman Sociedad Anónima, por 15,78 millones de dólares. Sin haber iniciado la obra, el Secob canceló el contrato, después de entregado el anticipo.

Posteriormente, la construcción del hospital, que contaría con 30 camas, se adjudicó al Consorcio Manabí-Pedernales; a finales de 2019.

Según un informe emitido en días anteriores por la Contraloría General del Estado, esta adjudicación presentaría irregularidades en su etapa precontractual y contractual, ya que “se descalificaron oferentes para la adjudicación, sin que en el informe de la comisión técnica encargada de revisar las ofertas consten los motivos”. En el proceso tampoco se habría recibido propuestas extranjeras.

Otra irregularidad es que el procurador de la compañía adjudicada para la construcción del hospital es también gerente general de una de las empresas subcontratistas, “lo cual está prohibido”.

El informe de Contraloría manifiesta que debió anularse la oferta del consorcio.

De todas formas, el contrato de construcción se formalizó el 13 de febrero de 2020.

Cumpliendo con el cronograma, el 3 de marzo se entregó el pago del 50% del anticipo, por el monto de 8’214.756 dólares. Días más tarde, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) alertó a las autoridades sobre movimientos irregulares en la cuenta bancaria del Consorcio. Se habrían hecho retiros en cheques de 100.000 dólares.

El Consorcio Pedernales-Manabí no justificó los movimientos bancarios de estos recursos, de los cuales quedan a penas $ 893.032 en su cuenta bancaria.

Aún no se registra ningún avance en la obra. (La Hora)

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