Todo empieza con una llamada. Ricardo, un empleado privado, escucha la voz de una mujer que, con acento extranjero, lo saluda por su nombre. Ella conoce que él tiene tarjetas de crédito y lo invita a una cena gratuita en un restaurante en el norte de la ciudad. El único requisito es portar el dinero plástico. El encuentro, dice, es para ofrecer servicios turísticos “sin ningún compromiso”.
Cuando Ricardo le pregunta ¿cómo consiguió el número celular? o ¿cómo sabe que tiene tarjetas?, ella responde: “Tenemos una base de datos con información que nos dan las compañías de tarjetas”. Respuestas similares les dieron a Francisco Narváez y Patricia (nombre protegido), quienes han recibido estas llamadas.
Patricia fue a una cita, el mes pasado, en la que le ofrecieron membresías para hoteles: “Me dicen que me llaman por mis referencias bancarias, por mis pagos, es incómodo”.
El numeral 19 del art. 66 de la Constitución vigente desde el 2008 estipula el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Pero aún no está regulado, igual que en otros dos países de la región: Venezuela y Bolivia, dice Lorena Naranjo, titular de la Dirección de Registro de Datos Públicos.
Los números celulares o el e-mail se consiguen en algunos casos por medios legales, aunque éticamente cuestionables, indica Rafael Bonilla, profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).
Se da cuando una compañía comparte la información con sus firmas asociadas. “Un consorcio que posee un banco, una empresa de seguros y una agencia de turismo comparte la información que individualmente cada negocio recopila con los otros dos. También existen los medios ilegales, como compra de bases de datos que han sido robadas de otras compañías en un ataque externo o por empleados previos o actuales con acceso”, comenta Bonilla.
Incluso hay bases de datos que están a la venta en mercadolibre.com.ec, por ejemplo, entre $ 50 y $ 2.000. La más cara corresponde a un anuncio que dice tener la base de datos del Registro Civil actualizada a noviembre. Otra ofrece la de la Superintendencia de Compañías, en $ 450.
Llega el día de la cena. Ricardo da sus datos. Nombres completos, edad, estado civil, si antes ha recibido este tipo de invitaciones. Finalmente le piden que muestre la tarjeta en la mano. Todo ocurre bajo la mirada de varias personas que tienen laptops al final de la sala.
Luego, una mujer que se identifica como Angélica habla de los beneficios de la membresía: “Tendrá hasta el 35 % de descuentos en hoteles, pasajes aéreos, atención personalizada para armar paquetes”. Ricardo vuelve a preguntar cómo consiguieron sus datos y ella responde algo diferente a lo que dijeron del call center: “Me imagino que ha comprado en internet, ha reservado hoteles, esos datos se recopilan”.
Tras terminar la comida, Angélica pregunta si hay interés en el producto. Ricardo le dice que todavía no conoce el costo. La mujer alza la mano y se acerca un hombre con terno, quien saluda y se identifica como Constantino. Allí habla del precio: “Tenemos paquetes internacionales de 5, 10 y 15 años. El de cinco es el más económico, cuesta $ 5.600, pero no te asustes, hoy hay promoción y tú eres cliente vip. Propongo un paquete de dos años por $ 1.400 a diferir a 24 meses”, señala.
-¿Por qué me consideran cliente vip?, plantea Ricardo.
-“Las tarjetas nos dan los datos, digamos plus y son a quienes llamamos”, contesta Constantino.
El art. 229 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con uno a tres años de prisión a quien revele datos que “violen el secreto, la intimidad y la privacidad de las personas”. Si es un servidor público o empleado bancario, la pena es de tres a cinco años. Incluso, el art. 360 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe la comercialización de las referencias crediticias. La Superintendencia de Bancos tiene hasta septiembre para asumir el manejo de estos registros.
Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, dice que las entidades financieras tienen la obligación de manejar la información de sus clientes con sigilo y que la filtración viene por vías como internet, redes sociales o cuando las personas dan su consentimiento. Aunque considera que el historial crediticio debe seguir en manos privadas para que haya garantías de que los datos estén actualizados.
Narváez ha recibido quince llamadas en los últimos cuatro años en las que le ofrecen servicios. Aceptó ir a cinco de las invitaciones. “El enganche es un regalo entre comillas, una cortesía para dos personas en hoteles de una cadena en la que solo se pagan los impuestos”.
En las últimas dos citas le negaron la cena cuando confió que había ido antes sin acceder a la membresía. “Les dije que no puede ser que mientan a la gente, hacen una publicidad por vía telefónica y luego ni siquiera quieren dar la comida porque no se toma el servicio”.
El regalo, añade Narváez, tampoco es tal, porque cuando quiso hacer uso los intereses bordeaban los $ 75 y la noche costaba $ 80. “El ahorro era $ 5”, señala.
Tras dos horas de estar en el restaurante, Ricardo decide no comprar y lo informa al oferente. Entonces llega la contrapropuesta. “Una membresía nacional por los mismos dos años que cuesta $ 500 a 24 meses, te sale en $ 25”, añade Constantino.
Pero el tarjetahabiente reitera su negativa, por lo que le agradecen la asistencia siempre bajo la mirada de las personas que están al fondo de la sala. Estos casos han llegado a la denuncia en televisión nacional. Una mujer afirmó que le debitaron $ 1.400 de su tarjeta de crédito tras ir a una cena. Indica que firmó documentos con engaños pensando que era para retirar un premio, pero al parecer era un voucher de pago.
Este Diario pidió entrevistas a dos bancos y a dos operadoras de celulares. Hasta el cierre de la edición solo respondió Claro: “Para mantener integridad y confidencialidad de los datos personales, CLARO cuenta con avanzados sistemas de almacenamiento y tratamiento de los datos, así como diversos procesos, controles y medidas de seguridad”, vía e-mail. (El Universo)
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