La Fiscalía del Guayas informó que se inició de oficio una investigación contra dos funcionarios de la institución por su actuación en la Unidad de Flagrancia, ante la agresión sufrida por dos guardias de seguridad en una urbanización situada al norte de Guayaquil.
El fiscal Provincial del Guayas y Galápagos (e), Edmundo Briones, solicitó un informe por escrito al fiscal Marco E., y a la médico perito Daysi T., quienes se encontraban de turno en la Unidad de Flagrancia y conocieron detalles de los incidentes.
Una vez recibido el informe, el Fiscal Provincial remitirá dicha documentación a la Unidad de Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que se analice el caso y se tome la resolución que corresponda.
Por este caso la Fiscalía actuó de oficio ante los hechos suscitados y que fueron dados a conocer a través de los diferentes medios de comunicación y difundidos por las diferentes redes sociales, durante el fin de semana.
“No tenemos potestad de sancionar administrativamente a ningún funcionario, eso lo realizan las autoridades superiores de la Fiscalía General, hemos solicitado los informes respectivos de los involucrados que actuaron en ese turno, y en base a esa respuesta, se determinará si amerita o no una sanción”, explicó Briones.
Antecedentes
El hecho ocurrió la tarde del domingo 5 de agosto, cuando tres personas, miembros de una misma familia, agredieron física y verbalmente a los uniformados responsables de brindar seguridad.
Tanto los agresores y agredidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de la Unidad Judicial Albán Borja, donde después del procedimiento del fiscal de turno se dispuso el reconocimiento médico respectivo a una de las víctimas, Freddy S.
Luego de ello, las partes realizaron y llegaron a una conciliación (Medio alternativo a la resolución de un conflicto, en este sentido es una forma especial de conclusión del proceso judicial) para evitar continuar con el trámite legal respectivo, por lo que la Fiscalía no continuó gestionando el proceso.
Dato
Según lo estipula el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal, la conciliación podrá aplicarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, en delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años. (El Telégrafo)
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