Una declaración conjunta entre representantes de la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), se realizó este miércoles 23 de enero, sobre la situación de violencia que acontece en el territorio ecuatoriano.
Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, solicitó al gobierno reflexionar sobre la solicitud de pedir documentos a migrantes para el ingreso al país. A su criterio, dichos documentos son «imposibles de conseguir», e hizo un llamado a las familias a combatir el racismo y la xenofobia, en todos los ambientes en los que nos desarrollamos.
Arellano rechazó panfletos de grupos como los autodenominado ‘Defensores de la frontera’, quienes hablan de medidas extremas para quienes acojan a emigrantes.
«No necesitamos guardianes, tenemos la ley y la Constitución. Refutamos esos grupos con todo el rigor», dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Arellano aseveró que para la iglesia es tan serio este problema (violencia a la mujer) que reconocen la nulidad del matrimonio eclesiástico en una pareja en donde el varón maltrata y golpea a la mujer, »Por que se supone que no tiene esas actitudes psíquicas para tratarla y amarla y respetarla en paridad».
Gina Benavides, defensora del Pueblo, denuncia amenazas que han recibido defensores en todo el país por ayudar a migrantes venezolanos. Pidió seguridad para los defensores por parte del Ministerio del Interior.
“Nos preocupa el alarmante crecimiento que registra la violencia contra las mujeres en el país, y sobre todo la extrema crueldad con la que se viene manifestando”, dijo.
A su criterio, la violencia contra la mujer se debe a la «omisión del Estado».
La defensora del Pueblo dijo que la solicitud del pasado judicial podría agravar la crisis migratoria. A su criterio, con este hecho se fomentará el tráfico ilícito y explotación irregular.
Señaló que desde agosto del año pasado, los gobiernos ya cuenta con un Plan Integral para tratar el ingreso de migrantes, entre ellos, venezolanos al Ecuador.
Benavides pidió a la Cancillería activar los instrumentos diplomáticos entre Venezuela y Ecuador para proteger a los ecuatorianos en ese país y a los venezolanos en Ecuador. También solicitó al Ministerio del Interior proteger a los defensores que han sido objetos de amenazas.
Además señaló que se reunió con el ministro de Educación para solicitar el regreso de niños venezolanos a las aulas. Señaló que este problema no sólo es en Ibarra sino en el resto de país, en donde hay menores que fueron agredidos y no quieren volver a las aulas. Elsie Monge, defensora de derechos humanos, pide que se proteja la integridad de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Derechos Humanos. También solicitó que se investigue y judicialice los mensajes de odio e incitación en el país. (El Telégrafo)
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