Quito, 22 dic (Andes).- La segunda sala de la Cámara Federal argentina confirmó el pedido de prisión preventiva contra la ex presidenta, Cristina Fernández, pero la detención no será efectiva mientras ocupe su cargo actual de senadora.
El cargo de «traición a la patria» contra la exmandataria fue eliminado y solo prevalece el delito de encubrimiento.
La decisión fue tomada por los miembros de la cámara de apelaciones, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes ratificaron las detenciones de los exfuncionarios Luis D’Elia, Héctor Timerman, Carlos Zanini, Yussuf Khalil y Fernando Esteche.
El pedido de prisión preventiva contra Fernández fue hecho por el juez Claudio Bonadio en base a la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto el 15 de enero de 2015 en su departamento, época en la que dirigía la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejó a 85 fallecidos.
Nisman aseguró en su acusación, hecha en 2015 contra la entonces presidenta, que con la firma del memorando de entendimiento con Irán se encubrió el atentado contra la AMIA.
Este fiscal había saltado a la fama internacional cuando en 2010 WikiLeaks publicó una serie de cables de la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Argentina en los que se comprobaba cómo la investigación que seguía sobre el atentado a la AMIA era dirigida desde Washington.
El pasado 7 de diciembre, el juez Claudio Bonadio procesó a la exmandataria y actual senadora con prisión preventiva, bajo la acusación de «traición a la patria» y «encubrimiento agravado» por el Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.
Bonadio pidió el desafuero de Fernández para poder detenerla. Esta solicitud tiene un plazo de 60 días para ser tratada en una Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de la Nación y, posteriormente, un plazo de 180 días para ser debatida por la Cámara de Senadores. La Constitución argentina establece que el desafuero de la expresidenta debe ser aprobado por dos tercios de la Cámara Alta del Congreso.
La expresidenta ha calificado el pedido de prisión preventiva en su contra como una violación del estado de derecho, así como «hostigamiento y humillación» que «degradan aún más la justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Macri como el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición».
Aseguró además que estas medidas «buscan provocar daño personal y político a los opositores, a su trayectoria, a sus ideas, no tiene que ver con justicia y democracia».
La exmandataria y el excanciller Héctor Timerman denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de Argentina al juez Bonadio de prevaricato, manipulación de pruebas y pena cruel.
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