El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio acordó cesar en sus funciones a los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y dar por terminado su período de funciones.
Según precisó el diario nacional El Telégrafo, esa función realizó un informe de evaluación de autoridades que concluyó el ente electoral «incumplió obligaciones y actuó con arbitrariedad».
Las personas cesadas de sus cargos son: Nubia Villacís (presidenta), Ana Marcela Paredes (vicepresidenta), Paúl Salazar (Consejero), Mauricio Tayupanta (Consejero) y Luz Maclovia Haro (Consejera).
Añade que el informe señala que los consejeros del CPCCS cesado «tenían conflictos de intereses al momento de nombrar a las autoridades del CNE, lo que creó un indicio de ilegitimidad en su designación».
El CPCCS-T determinó que las autoridades del CNE «incumplen todos los indicadores del parámetro», como el relativo a la legitimidad del cargo.
No obstante, argumentó que ello «no implica la ilegitimidad de los procesos electorales que ejecutaron», pues el CPCCS-T «no se encuentra ejerciendo facultad jurisdiccional ni es competente para declarar nulidad de actos administrativos».
Villacís había declarado: “Ustedes, señores consejeros, son hijos de nuestra legitimidad».
Añade el rotativo que el documento sostiene que el CNE «se atribuyó funciones al cancelar movimientos políticos», e incumplió con su obligación de brindar procedimientos administrativos «confiables».
Entre los indicadores de parámetros incumplidos, según el CPCCS-T, figuran: la debida gestión de recursos públicos, «al encontrarse irregularidades en varias contrataciones», la presunta no aplicación de su obligación de publicar la información relevante para la ciudadanía, así como de no entregar la información requerida para el presente proceso de evaluador; la Evaluación Ciudadana, con sustento «no solo por el número de denuncias, sino por su contenido y la percepción que la ciudadanía tiene de la institución, en la que muestra su desacuerdo».
El pasado 10 de julio, los vocales cesados expusieron en audiencia pública sus alegatos de defensa ante el CPCCS-T, entre los cuales Villacís defendió que en su expediente constan todos los certificados de las capacitaciones recibidas e impartidas sobre gobernabilidad, gerencia política, género y democracia.
Además, indicó que no se puede mediante «informe técnico sesgado» deslegitimar sus iniciativas ciudadanas o hacer valoraciones subjetivas.
Villacís también había propuesto que los nuevos consejeros sean elegidos por concurso y posesionados ante la Asamblea y «así se garantice la seguridad jurídica».
En la resolución final se establece que «el CNE actuó a favor de poderes políticos antes que garantizar los derechos».
Finalmente, este martes el CPCCS-T abrió una prórroga de 3 días para que los funcionarios puedan impugnar, luego de lo cual se emitirá un fallo definitivo. (Andes)
Be the first to comment