La duración de su período es indefinida. Los consejeros transitorios de la Judicatura estarán en su cargo hasta que se elija a los nuevos titulares.
Mientras tanto, tendrán las mismas facultades y atribuciones legales que los consejeros permanentes. Deberán continuar con los temas que los vocales cesados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS-T) transitorio dejaron pendientes, entre ellos, los tres concursos de designación suspendidos por la evaluación.
Se trata de la renovación de 24 fiscales provinciales y la designación de 400 plazas de agentes fiscales y 7 000 cargos administrativos judiciales.
Una de las primeras decisiones que los cinco designados deben tomar es si reanudan los procesos que había iniciado la administración presidida por Gustavo Jalkh, que constaba de unos 12 000 candidatos. O si se hace una nueva convocatoria.
El Consejo Transitorio suspendió esos concursos ya que parte de las denuncias contra la Judicatura -antes de la evaluación- apuntaban a irregularidades en los procesos previos para nombrar fiscales, jueces y notarios.
Esas sospechas se ratificaron en la evaluación y fueron parte de los insumos para destituir a los exfuncionarios. En medio del examen a los vocales, el juez multicompetente Eleuterio Aguilar dictó medidas cautelares para que los concursos se reanudaran pese a la evaluación, por una supuesta afectación de derechos para los postulantes. Pero días después retiró las medidas cautelares por problemas en la denuncia inicial.
Los cinco consejeros encargados son Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Zobeida Aragundi, Juan Pablo Albán y Angélica Porras Velasco. Todos abogados de profesión. Ellos no se han pronunciado públicamente sobre su designación.
Prefieren no hacerlo antes de ser posesionados por el Consejo Transitorio, el martes 19 de junio del 2018, a las 10:00. Mientras tanto, continúan con sus actividades normales.
Julio César Trujillo, presidente del CPCCS-T, indicó que los funcionarios encargados tendrán además facultades administrativas para evaluar a sus predecesores, a las cortes y a los tribunales. Pero ya no podrán aplicar sanciones de destitución a los jueces por el error inexcusable.
El uso “indiscriminado” para cesar jueces fue otra de las causales para la cesación de Jalkh y sus excolaboradores. Trujillo adelantó que los exmagistrados que fueron “víctimas de esos abusos” podrán interponer acciones legales de reparación por esos procesos ante la Corte Constitucional. (El Comercio)
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