La Contraloría General del Estado ratificó las responsabilidades civiles identificadas en la ejecución de la hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair.
Lo hizo en contra de tres exfuncionarios públicos, de la empresa contratista Sinohydro y de la fiscalizadora Asociación CFE-PYPSA-CVA-ICA. Tras el examen especial realizado a la construcción, fiscalización y administración de este proyecto -en el período comprendido entre el 10 de septiembre del 2012 y el 15 de diciembre del 2015- el ente de control emitió cinco glosas.
Estas responsabilidades fueron ratificadas entre marzo y junio de este año. El total de glosas suma USD 112 millones y responde a varias motivaciones (ver gráfico).
La resolución 13725, del 21 de marzo del 2018, por ejemplo, establece responsabilidades civiles en contra de Luciano Cepeda, quien se desempeñó como gerente General de la empresa Coca Sinclair, que administraba este proyecto, y la Asociación CFE-PYPSA-CVA-ICA.
En este caso, el argumento fue que se suscribieron los contratos complementarios 1 y 2 al contrato de gerenciamiento y fiscalización, en los que se reconoce a la fiscalizadora gastos generales o indirectos iguales al 21,5% de los costos del personal extranjero y nacional.
Y costos por administración iguales al 6% de los gastos comprobables y reembolsables. Esto obligó a hacer pagos no contemplados legalmente, ocasionando un perjuicio, según la Contraloría.
Esta no es la única glosa en contra de Cepeda ni de la fiscalizadora. Otra de las resoluciones emitidas por la Contraloría en marzo de este año, la 13726, señala a Jaime Salvador, quien fue subgerente técnico y administrador del contrato y a la fiscalizadora, por haber incluido entre los rubros del contrato complementario 2, como gastos reembolsables y comprobables, la subcontratación de planos electromecánicos. Y la fiscalización de los documentos de detalle civil, revisión de ‘Hojas Ajustes de Diseño’ y otras, que no podían subcontratarse.
Salvador y la fiscalizadora aparecen también como responsables en la resolución 14210, del 1 de junio pasado, por haber suscrito el acta de negociación para la modificación, ampliación y complementación del contrato de gerenciamiento y fiscalización de este proyecto, lo que representó un incremento “desproporcionado” de personal.
También, por aprobar un pago adicional para la fiscalizadora, sin considerar que era obligación de esta firma coordinar con Sinohydro la presentación de los estudios de ingeniería. ? Otro de los aspectos observados por el ente de control, en la resolución 14 211 de junio, fue que no se corrigió la fórmula de ajuste de precios para que del valor de la planilla o pagos se reduzca el 100% del valor del anticipo y no únicamente el 50%, porque se perjudican los intereses del Estado.
En este caso se determinaron responsabilidades en contra de Cepeda y de Sinohydro. En el proceso que llevó adelante la Contraloría, los involucrados presentaron sus descargos.
Entre otros, Cepeda mencionó que la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a cargo de la Unidad Coca Codo-Sinclair, planteó a Sinohydro Corporation una negociación para modificar la fórmula de ajuste de precios del contrato de esta obra; sin embargo, no hubo el consentimiento de la contratista para hacer dicho cambio.
La firma china Sinohydro, por su parte, expresó que esta recomendación no estaba soportada en ninguna norma. Finalmente, en la quinta glosa se determinaron responsabilidades en contra de Luis Ruales, quien fue gerente de Coca Sinclair; de Sinohydro y de la fiscalizadora, por haber aceptado la solicitud de la contratista de postergar el cobro de los montos por penalidades, debido a los retrasos en la operación y entrega de la fase 1 de esta hidroeléctrica.
Con relación a este proceso, en sus descargos a la Contraloría Ruales señaló que la Junta Combinada de Disputas concedió una prórroga de plazo a Sinohydro con lo cual se actualizó el cronograma de ejecución y así quedaron sin efecto las penalidades. Sinohydro coincidió con Ruales y sostuvo que el supuesto retraso “jamás” se dio.
La fiscalizadora argumentó que no es la administradora del contrato y que comunicó al gerente sobre los plazos que se debían cumplir. Este Diario buscó ayer la versión de las tres personas y dos representantes de firmas glosados para conocer su postura. Al respecto, Salvador expresó que está analizando con su abogado para “desvirtuar” lo expuesto.
Cepeda mencionó que evalúa las acciones que tomará. Ruales prefirió no pronunciarse. Sinohydro y la fiscalizadora no atendieron las llamadas. Tras la notificación de las glosas de Contraloría se puede solicitar un recurso de revisión. Y, luego, de ser el caso, se puede acudir al Contencioso Administrativo. (El Comercio)
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