Un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa acudió la mañana de este 17 de julio de 2018 a la Fiscalía General del Estado, para pedir que se investigue al político Fernando Balda, quien denunció haber sido víctima de secuestro en Colombia, en el año 2012.
Encabezados por la legisladora Marcela Aguiñaga, dejaron la solicitud de investigación en la sede fiscal, en Quito. “Entregamos en la Fiscalía la solicitud de investigación, por el testimonio anticipado de Raúl Chicaiza, en el que indica que Balda se encontraba en Colombia realizando actividades de piratería informática, y que entre sus proveedores estarían personas vinculadas a Policía y Ejército colombiano”.
En simultáneo, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret entregó una solicitud similar en la Fiscalía de Colombia. El 16 de julio de 2018, Balda dijo que el exmandatario Correa podría afrontar el delito de vulneración de la soberanía de Colombia por el envío de personal del Gobierno y de Inteligencia a secuestrarlo.
Hemos entregado al @FiscaliaCol una solicitud de investigación en base al testimonio de Raúl Ch. En el cual se podría evidenciar el cometimiento de algunos delitos sancionados en Colombia @BancadaRC_ pic.twitter.com/l297azAbuc
— Jota Lloret Valdivieso (@jotalloretv) July 17, 2018
Desde Cuenca, Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente, se refirió a este tema, dijo que “más del 50% del testimonio relata la relación que tuvo Chicaiza con el señor Balda en negociaciones de asuntos que atentaban contra la seguridad del Estado. Habla de la compra de equipos por $60.000 y que hacen pruebas en Manta”, provincia de Manabí. De allí que instó a la Fiscalía a investigar este tema.
A 24 horas de que culmine la instrucción fiscal, la defensa de Correa enfatizó, además, que el proceso estuvo marcado por la parcialidad de la jueza Daniella Camacho, quien dictó orden de prisión preventiva contra el exmandatario.