Demanda ante Corte Constitucional pretende evitar reducción de salarios

Este 24 de mayo, Geovanni Atarihuana y Mery Zamora, dirigentes nacionales de Unidad Popular presentaron ante la Corte Constitucional una demanda contra el Decreto Ejecutivo 1053, que reforma el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público estableciendo una jornada especial que implica reducir los salarios a los maestros fiscales y demás servidores hasta por un año a partir del mes de junio.

El Decreto 1053 dictado por Lenin Moreno es inconstitucional al reducir arbitrariamente tanto la jornada de trabajo como las remuneraciones de 170 mil docentes fiscales y miles de servidores públicos, afectando sus derechos y los de sus familias, se señala en un comunicado.

«La Constitución es clarísima, al respecto el Art. 11 numeral 8 dice: será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. En la misma línea, el Art. 326 num. 2 establece: El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: (…) 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”, se enfatiza.

En el comunicado se explica que se demanda la inconstitucionalidad del decreto 1053, también por la forma, pues modifcar la Ley de Servicio Público introduciendo una “jornada especial reducida”, vía una reforma al reglamento, es improcedente.

Agrega que el artículo 147 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador atribuye al Presidente de la República esa potestad reglamentaria, es decir de expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, pero sin contravenirlas ni alterarlas; inobservando y violentando además el orden jerárquico de aplicación de las normas contenido en el Art. 425 de la Constitución.

Unidad Popular solicitó a la Corte Constitucional suspenda cautelarmente el Decreto 1053, mientras se pronuncia sobre el fondo de la demanda de inconstitucionalidad, esto por la inminente vulneración de derechos de miles de maestros y servidores públicos a partir del 1ro de junio.