La revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento y una multa de 50 salarios básicos (USD 19 300) es la sanción que determinó un distrito educativo de Guayaquil contra un colegio particular del norte de la ciudad.
La medida está relacionada con las denuncias de abuso sexual en contra de un docente de ese plantel, que surgieron en noviembre de 2017.
En ese año, el profesor de música fue detenido dentro de la institución. En abril de 2018, el acusado reconoció el delito contra una niña, se acogió al procedimiento abreviado y recibió una pena de cinco años de prisión.
La Fiscalía aún investiga otras 18 denuncias. El Ministerio de Educación dispuso la intervención del plantel, que se mantuvo a lo largo del año 2018.
La subsecretaria de Educación de la zona 8, Erika Laínez, explicó que inicialmente se planteó una multa de 49 salarios básicos (USD 18 914), en marzo del año pasado. El plantel tuvo 72 horas para hacer el pago.
La funcionaria informó que en noviembre se abrió un segundo proceso, que determinó la máxima sanción. Esto debido a que el plantel no cumplió con el pago de la primera multa y porque hubo irregularidades con la primera interventora, quien no habría tenido acceso a información del colegio.
La sanción fue notificada ayer jueves 10 de enero del 2019. “El pago era la forma de haber resarcido el dolor de los padres perjudicados. Esa era la primera acción que la institución debió haber dado”, dijo Laínez.
El valor de la multa va al Estado. La subsecretaria no especificó si otros establecimientos involucrados en delitos similares, incluso públicos, pagaron multas de este tipo.
En un comunicado, los directivos de la unidad educativa privada indicaron que están ejerciendo acciones judiciales para revocar “una sanción desproporcionada e injusta”. Laínez dijo que la decisión puede ser apelada, sin que esto impida que la sanción se ejecute. Varios representantes de alumnos se concentraron la mañana de este viernes 11 de enero de 2019 en los exteriores del plantel particular, para solicitar que continúe funcionando.
En una circular, las autoridades agradecieron el respaldo y anunciaron que “la institución labora normalmente, con los horarios y cronogramas establecidos”.
La subsecretaria Laínez explicó que luego del término del año escolar se aplicará el instructivo de cierre, con un plan de contingencia para dar apoyo al traslado de los estudiantes a otros establecimientos. “Los padres que requieran continuar en el sistema fiscal, al momento nos encontramos con inscripciones abiertas. En caso de que quieran seguir en una institución particular, queremos evaluar medidas de contingencia con cada padre para brindar un acercamiento con la institución que elijan y que les brinden las facilidades para el ingreso”. (El Comercio)
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