Las muertes en las cárceles, con la respectiva filmación y difusión en las redes sociales, se repiten con mayor frecuencia. Van siete en lo que va del 2019. También el Gobierno repite con mayor frecuencia que alista un estado de emergencia.
A las 15:00 del domingo, un interno de la cárcel de Turi, en Cuenca, murió por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un policía, en su afán de parar un ataque de varios internos a un compañero, que quedó herido de gravedad, con 40 puñaladas.
La respuesta oficial surgió casi 15 horas después, este lunes en la mañana, cuando el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, declaró a los medios, en un evento en el suburbio de Guayaquil que en la parte externa de los centros penitenciarios habrá presencia militar y que en la parte interna se mantendrán los policías, además de los agentes de seguridad penitenciaria.
“Estamos trabajando en eso desde la semana pasada y se empieza a aplicar sitio por sitio desde hoy”, manifestó el vicepresidente. En Guayaquil, esa presencia militar no se dio hasta la tarde de este lunes.
Sonnenholzner admitió que hay serios problemas de hacinamiento en las cárceles, en un 40%, y que los reos tienen celulares y armas cortopunzantes, y eso está prohibido. Dijo que el hacinamiento dificulta los controles.
También mencionó que este lunes en la noche se reunirían autoridades del Ministerio del Interior y otras carteras de Estado para analizar qué medidas tomar en cuanto a la inseguridad en las cárceles y una posible declaratoria de emergencia.
La muerte del interno en Turi se dio en el pabellón de máxima seguridad. En un lugar donde todo debería estar prohibido un reo filmó con su celular el ataque y lo distribuyó, se permitió el acceso de armas cortopunzantes, de equipos de música. Según la directora del Centro de Rehabilitación Social de Turi, Belén Cabrera, la riña fue por liderar el pabellón Tomebamba.
Andrés Santiago Vélez Montoya es la víctima. Cumplía una sentencia de 34 años por asesinato y su cuerpo permanecía hasta la tarde de este lunes en el Centro Forense. Mientras, Fernando Uyaguari Quintana, el interno que era golpeado por un grupo de reclusos, se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso.
Allá fue llevado a las 16:00 del domingo y según el gerente de la casa de salud, Óscar Chango, tenía más de 40 lesiones en todo el cuerpo, pero las más profundas eran a nivel del tórax y del pulmón. Por homicidio y asesinato debe cumplir con una pena de 16 años.
La directora del Centro, María Belén Cabrera, dijo que el ingreso de objetos prohibidos a un pabellón donde están internos de alta peligrosidad se debe a un problema de corrupción en el que podrían estar implicados funcionarios del centro, familiares de los reos o gente que visita el lugar. “Hacemos lo que está a nuestro alcance y pedimos que se hagan requisas exhaustivas”, señaló. (El Universo)
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