La Fiscalía General de Ecuador acusó este miércoles al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli por enriquecimiento ilícito por $1,2 millones de dólares, y pidió una sanción de 10 de privación de libertad.
Además, la Fiscalía solicitó al Tribunal de la Corte Nacional aplicar una multa de 20 a 40 salarios básicos unificados y reparación integral del monto señalado.
Yannuzzelli, alias Capaya, enfrenta dos sentencias condenatorias en su contra, una por cohecho en la recibió una pena de 5 años de prisión y otra por asociación ilícita, con 6 años de privación de la libertad. Mientras están abiertos otros 23 procesos judiciales en su contra.
Según la argumentación fiscal, en el período comprendido entre febrero de 2014 a mayo de 2016, el también exgerente de la estatal Petroecuador registró un incremento injustificado de su patrimonio por la suma de $ 1’236.849,13.
El diario El Telégrafo reportó que la acusación fue sustentada por el fiscal general del Estado (e) Paúl Pérez Reina, en la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de enriquecimiento ilícito que se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en contra del exfuncionario en el caso de corrupción de Petroecuador.
La base de la acusación fue el informe de la Contraloría General del Estado, en el que se establece indicios de responsabilidad penal luego de haber realizado un análisis a cinco declaraciones juramentadas de Capaya.
La Fiscalía argumentó que los recursos no justificados son: la donación de un bien a sus hijos, valorado en $ 371.597; una inversión en el Banco del Pacífico por alrededor de $ 100.000; los $ 164.277 que mantenía en el Capital Bank de Panamá a nombre de la empresa Capaya; y el resto en inversiones en el Banco Bolivariano.
El fiscal Pérez acusó a Carlos P.Y. de autor directo del delito de enriquecimiento ilícito, tipificado y sancionado en el artículo 279.1 del Código Penal, con una pena privativa de la libertad que va de los siete a 10 años.
En su calidad de acusadora particular, la Procuraduría General del Estado, representada por la abogada Magaly Ruiz, ratificó la acusación y coincidió con la posición de Fiscalía.
Por su parte, Miguel Revelo, abogado defensor de Capaya, aseguró que durante la audiencia demostrará que no hay ningún incremento patrimonial de su cliente y anticipó que gran parte del dinero del que se habla, es producto de los ingresos de la esposa de Carlos P.Y., que los $ 100 mil del Banco de Pacífico es por un préstamo que su defendido realizó a la entidad bancaria. Agregó que en la cuenta del Capital Bank, no se manejó recursos.
Esta audiencia se realiza a nueve días de que se cumpla un año y dos meses (17 de marzo de 2017) de que el entonces fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentara 23 elementos de convicción para sustentar la existencia del presunto delito. Desde esa fecha la audiencia de juzgamiento se ha suspendido por alrededor de ocho ocasiones.
De acuerdo con el rotativo nacional, el 17 de abril pasado ocurrió el último diferimiento, una vez que el anterior fiscal general Carlos Baca lo solicitó porque fue convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno, al urgente Consejo de Seguridad del Estado, en el que se analizó la inseguridad de la frontera norte. En este proceso penal no podrá aplicarse la colaboración eficaz con la justicia, en razón de que es el único procesado.
No obstante, ante una eventual sentencia condenatoria, se debería tomar en cuenta antenuantes, como es la edad superior a los 60 años, haberse entregado voluntariamente a la justicia, entre otras.
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