Luego de tres meses de investigaciones, la Fiscalía del Guayas y la Policía Judicial ejecutaron el operativo «Oswaldito», en el que siete personas fueron detenidas, entre ellas, un funcionario de la Gobernación provincial y un ciudadano extranjero.
Los ciudadanos aprehendidos se habrían dedicado a cohechar y a exigir grandes cantidades de dinero a propietarios de establecimientos de diversión nocturnos, que irían desde los 100 hasta los 500 dólares, para que continúen con sus actividades y no sean clausurados.
En la audiencia de flagrancia, la noche de este viernes 28 de febrero en la Unidad Judicial Portete, el fiscal especializado en Delincuencia Organizada, César Suárez Pilay, presentó los elementos de convicción que relacionarían y determinarían la presunta participación de los procesados en el hecho.
Entre estos, los informes investigativos y de seguimiento levantados por la Policía Judicial (PJ), la explotación y extracción de información a los teléfonos celulares incautados a los procesados con autorización de autoridad judicial; la denuncia presentada por el Gobernador del Guayas y un propietario de local comercial afectado; y lo incautado en los allanamientos, que se encuentran en cadena de custodia en la PJ.
El Fiscal solicitó la prisión preventiva contra los procesados; sin embargo, la jueza Herlinda Urquiza acogió en parte la solicitud y dictó prisión preventiva contra Angelo Geovanny P. C., José David V. T., Oswaldo Enrique B. B. (funcionario público) y Segundo A. C. (extranjero); mientras que para Yomaira V. F., Geoconda V. M. y Ángela R. C. dispuso de medidas cautelares como prohibición de salida del país y presentarse cada semana ante la autoridad judicial. Además dio treinta días para el cierre de la instrucción fiscal.
La Fiscalía y la Policía Judicial ejecutaron , la madrugada del viernes 28 de febrero, varios allanamientos a viviendas y locales comerciales en Guayaquil y Daule, consiguiendo las detenciones de los ciudadanos, que habrían participado en actos ilícitos, como solicitar dinero a cambio de brindar información para eludir operativos de control a bares, discotecas y hoteles, y con ello evitar posibles clausuras a estos negocios.
Entre los procesados se encuentra un funcionario de la Gobernación del Guayas, que trabajaba en una comisaria de Policía, y era el encargado de manejar y monitorear los negocios que tenían problemas en sus permisos de operación, solicitando a cambio cantidades de dinero que fluctuaban entre los 100 y los 500 dólares mensuales.
A ello sumó grupos de whatsapp de propietarios de los establecimientos a los que habría alertado sobre los operativos de control en la ciudad.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 280, incisos 1 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de cohecho con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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