La realidad del Gobierno es esta: tiene deudas pendientes sin plan de pagos ni monto exacto. Y las protestas por esto están al orden del día, pues ayer, por ejemplo, un grupo de unos 200 militares en servicio pasivo se ubicaron al frente del Palacio de Carondelet, con el objetivo de reclamar por el atraso en los pagos de sus pensiones, debido a que el Ejecutivo no ha realizado los desembolsos que le corresponden.
Richard Martínez, ministro de Economía, reconoció esos atrasos e incluso dijo que recién la semana pasada se cumplió con el pago del décimo tercer sueldo. “Ya se inició con los pagos de la pensión de enero. Esperamos que se regularice en el menor tiempo posible”, añadió.
El caso del Seguro Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) es solo uno de los muchos acreedores, tanto públicos como privados, que viven en continua incertidumbre sobre cuándo se les pagará.
Moroso y sin transparencia
Según el exvicepresidente León Roldós, el Estado no solo es el mayor incumplido en pagos, sino también en información. Afirmó que lo primero que deberían hacer las autoridades es reconocer todas las deudas.
“Son algunos cientos de millones de dólares, que pueden pasar de $1.000 millones, no contabilizados como deuda interna, por estar en procesos de verificación de meses y años”, comentó.
El segundo paso, a criterio de Roldós, es que se fije un tope máximo de tiempo, por ejemplo, 31 de julio de 2020 para que se admitan los valores de deuda, o se rehagan, y se lleve a mediación o a juicio aquello no conciliable.
Otro tema pendiente es que no se conoce cuáles son las prioridades para los desembolsos de recursos públicos. Esto es importante porque de otra manera se podría fomentar el riesgo de por favores políticos, u otras conveniencias, se liquiden unas obligaciones antes que otras.
Déficit fiscal crónico
Los pagos atrasados de 2019, según estimaciones del Observatorio de la Política Fiscal, sin tomar en cuenta lo que no se ha registrado, llegan a $1.883 millones. A esto se suman obligaciones de otros años, que en el último boletín de deuda del Ministerio de Economía ascendían a $691,32 millones.
Martínez no negó esta realidad, pero puntualizó que es parte justamente de los problemas estructurales que tiene la economía, sobre todo por el lado de un déficit fiscal crónico.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), dentro de las metas que debe cumplir el Gobierno en 2020, estableció que debe mejorar sus sistemas informáticos para registrar de forma real y confiable los atrasos en pagos internos. Además, tiene que presentar, hasta finales de diciembre, una estrategia de liquidación y prevención de atrasos basada en datos trimestrales y anuales sobre las existencias de cuentas por pagar y atrasos.
Mauricio Pozo, exministro de Economía, comentó que el Gobierno solo ha podido frenar la escalada de aumento del gasto público, pero los compromisos siguen siendo muy grandes, debido a una estructura estatal demasiado pesada y difícil de financiar. (La Hora)
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