La cabeza de un recluso que había sido baleado y decapitado en el pabellón de máxima seguridad del Centro Nº 8 en Guayaquil. Cuerpos incendiados. Apuñalamientos. Son escenas de videos grabados en las cárceles, las que dan cuenta de que ciertos reos tienen celulares, armas, objetos cuyo ingreso está prohibido a las 68 prisiones del país.
Las personas privadas de libertad enviaron las grabaciones a sus familiares en el exterior, las que se difundieron en redes sociales. Todo en pleno estado de excepción establecido en los centros penitenciarios, el 16 de mayo último, por el presidente de la República Lenín Moreno.
Desde enero pasado se cuentan 22 asesinatos en las cárceles, 14 de ellos durante la emergencia renovada el 15 de julio.
Es una violencia que denota la corrupción que persiste por décadas en las prisiones ecuatorianas, en las que hoy todo cuesta de $ 5 para arriba. “Allí no existen las monedas ni el billete de dólar, si quieres pasar al dispensario o comer un poco más, hay que pagar”, cuenta la madre de un interno afuera de la Penitenciaría del Litoral, en el km 17 de la vía a Daule, en Guayaquil.
No es la única que habla de los sobornos a ciertos internos y guías. “Un colchón (colchoneta de espuma) cuesta desde $ 150, un kit de aseo desde $ 10 (pasta y jabón)”, cuenta la esposa de un detenido por droga, lo que corroboran exreos, libres recientemente.
Una cajetilla de cigarrillos vale entre $ 40 y $ 50. Una cola, $ 5, una funda con panes entre $ 10 y $ 15.
Los ex privados de libertad entrevistados coinciden que los internos “ya resignados”, porque tienen condenas de 20, 30 o hasta 40 años por delitos como asesinato y violación, son los que cometen algunos de los crímenes en las cárceles a cambio de dinero o drogas.
Conocidos como los Lagartos, ya no reciben visitas y algunos actúan como sicarios internos de las bandas de los Choneros y los Cubanos, que se disputan espacios de poder tras las rejas.
“Los que están recluidos con una sentencia alta pasan ociosos en la droga, su mentalidad es volar como se dice”, comenta un ex privado de libertad que salió en julio pasado.
Moreno aseguró el viernes pasado en una visita a la provincia de Manabí que “las cárceles estaban dominadas por bandas… que tenían las armas escondidas en el piso, en las tuberías, en las paredes con la permisividad absoluta de autoridades” y que la violencia actual es la reacción ante los operativos y las requisas de un gobierno que dice «basta».
En la cárcel El Rodeo en Portoviejo (Manabí), por ejemplo, se han dado tres motines en las últimas semanas. Cada uno se originó porque se colocaron inhibidores de señal, según María Paula Romo, ministra del Interior. «Los más violentos, los que están acostumbradas a comunicarse con objetivos criminales desde dentro de la cárcel destruyen los inhibidores y se amotinan como una señal para oponerse al control».
Los traslados a otras cárceles o a los pabellones de máxima seguridad para dividir estas organizaciones son parte de las medidas tomadas. Pero los reclusos interponen recursos de habeas corpus ante los jueces, quienes han dispuesto traspasos a las áreas de mediana o mínima seguridad.
William Poveda (alias Cubano), sentenciado a 25 años por asesinato, esperaba un traslado dispuesto por un juez en la Regional Nº 8 de Guayaquil, pero antes fue asesinado en el pabellón de máxima seguridad, el 11 de junio pasado.
“Tenía insuficiencia renal crónica y donde estaba no tenía los cuidados debidos, además por amenazas se conocía que su vida peligraba, sin embargo, no fue cambiado”, dice Patricio Vásquez, presidente de la Asociación de ex Privados de Libertad Nelson Mandela.
La crisis carcelaria dio paso a la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, libertad de información, asociación y reunión de los reos, medida que no ha detenido la violencia.
“Imaginen a una persona privada de libertad sin tener comunicación con sus familiares y encima las cartas que les llegan son retenidas, eso exacerba más las tensiones”, dice Hugo Cahueñas, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y experto en derechos humanos.
El catedrático asegura que la crisis carcelaria refleja el nivel de exclusión de los que están detrás del muro. “Son los que no deberían tener derechos, los que le han hecho un daño a la sociedad… Eso se ve reflejado en las políticas públicas con las que se tiende a no darles presupuesto, a hacinarlos sin acceso a servicios básicos”.
La crisis, indica, es una respuesta de la falta de una rehabilitación en la que el componente psicosocial es fundamental. “(En los últimos diez años) se construyeron varios centros de rehabilitación, pero sin la debida planificación y sin enfoque de derechos”.
Más cárceles no frenaron los sobornos. Entrenamiento del personal, mejores salarios, más vigilancia y la alternancia de los guías podrían frenar en parte la corrupción, plantea Cahueñas.
Stalin Raza, experto en seguridad, cree que la inteligencia penitenciaria es indispensable porque desde las cárceles se gestiona el delito. “Las drogas, las armas, las mujeres, el licor y la diversión entran porque hay la complicidad de los propios funcionarios del sistema penitenciario y para controlar es necesario darles a ellos estructura, doctrina, disciplina”.
Con la inteligencia penitenciaria, plantea, se detectaría, por ejemplo, a los privados de libertad que son vulnerables y susceptibles a ser utilizados por las bandas. “Saber dónde están, identificarlos, clasificarlos, aislarlos si fuera necesario y también darles un incentivo; si a una persona sentenciada a 40 años se le ofrece bajarle seis meses, tendrá motivación para portarse mejor”, plantea Raza.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto del 2014, establece el régimen semiabierto y abierto que permite cumplir los últimos años de la pena en libertad, pero aquello depende de que los reclusos participen en talleres como parte de la rehabilitación, uno de sus derechos.
Pero Vásquez asegura que los programas no se dan abasto ante la gran población carcelaria y al final todo queda a discrecionalidad de los jueces. “A veces por la falta de un sello no se validan”, indica.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) informa que 10,371 internos participan de talleres culturales, 17.148 en los laborales, 20.055 en los deportivos.
El hacinamiento es otra causa de la crisis. La semana de mayor aglomeración de presos en los últimos dos años fue la del 3 al 7 de abril de 2017, cuando Rafael Correa era presidente de la República. Había 36.459, el 45,3% más de los que cabían en ese entonces. Hoy hay 39.595, un 38,6% más de la capacidad.
Esta responde, según Raza, a una mala aplicación del COIP por el abuso de la prisión preventiva en delitos como riñas o contravenciones. Antes de su vigencia, añade, había hasta 20.000 retenidos “hoy hay casi 40.000 de los que el 15% está sin sentencia”, asegura. (El Universo)
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