Un impasse entre el Consejo de la Judicatura de Transición y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se suscitó a causa de la imprescriptibilidad de los delitos contra mujeres, niños y adolescentes, que fue aprobado en consulta popular en febrero pasado.
La Judicatura, mediante resolución, dispuso que los operadores de justicia recepten este tipo de denuncias. Esta postura generó un rechazo por parte de la CNJ.
A través de un comunicado difundido el lunes 3 de diciembre, el organismo respondió que no es atribución de la Judicatura emitir ese tipo de resoluciones por ser un órgano administrativo.
Ante tal pronunciamiento, en rueda de prensa, los vocales del Consejo de la Judicatura aclararon que lo único que han hecho es pedir que se recepten las denuncias.
«Lo que hicimos desde el pleno del Consejo de la Judicatura fue poner en conocimiento de los jueces lo que indica la consulta popular y exigir su aplicación. Para nosotros, la norma es clara y no la estamos interpretando», detalló Marcelo Merlo, titular del Consejo de la Judicatura Transitorio.
El vocal Aquiles Rigail invitó a la ciudadanía a debatir sobre la imprescriptibilidad de estos casos. «Estas causas deben ser conocidas por los jueces, independientemente del tiempo en el que sucedieron», dijo. Zobeida Aragundi admitió que la Corte Constitucional es la que debe pronunciarse. (El Telégrafo)
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