Tres de los ocho jueces de Garantías Penitenciarias que atenderán la carga carcelaria del país, se instalan en Guayaquil. En Portoviejo atenderá uno.
Los servidores velarán por los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL); además de ayudar a resolver el hacinamiento que existe en los centros carcelarios, que alcanza una población de 40.000 detenidos, entre sentenciados, procesados, contraventores y por apremio. La situación ha llevado a enfrentamientos mortales entre reos, lo que se agravó dentro de un estado de emergencia que inició el 16 de mayo de 2019.
Mediante resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó el pasado 3 de septiembre la creación de cuatro unidades judiciales de Garantías Penitenciarias que funcionarán en Latacunga (Cotopaxi), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y Portoviejo (Manabí), con un total de ocho servidores judiciales.
Una de las unidades está siendo habilitada en el Complejo Judicial Penal Norte de Albán Borja, ubicado en el noroeste de la urbe porteña. Se espera que inicie labores el próximo miércoles 18 de septiembre, igual que en las otras provincias.
Eduardo Medina, coordinador provincial de Gestión Procesal de la Judicatura, precisó que la Unidad Penitenciaria de Guayaquil estará conformada por tres jueces que ya fueron escogidos, dentro de los 40 de Garantías Penales que atienden en la ciudad. Dos salieron de Valdivia Sur, donde se quedan con 11 de los 13 penales que tenían; y uno de Albán Borja, donde quedaron 17. En el Complejo Judicial de la Florida atienden otros 9 jueces penales.
El próximo lunes 16 de septiembre está prevista una reunión con integrantes del eje de cooperación institucional conformado por la Fiscalía, Defensoría Pública y todo el sistema penitenciario de la provincia, en Guayaquil, para conocer detalles de la creación. Posterior a eso se indicará la inauguración de la Unidad Penitenciaria, dijo Medina.
Con la creación de los jueces penitenciarios, los de Garantías Penales ya no verán esa materia, una vez que terminen con los expedientes que tienen en sus despachos. Tras la vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), en agosto de 2014, los jueces penales se encargaron de ejecutar y de reducir las penas impuestas a las personas privadas de la libertad (PPL), potestad que con la anterior ley estaba en manos de los directores de las cárceles.
Medina asegura que aún no cuentan con cifras de la carga procesal que se deriva de la Penitenciaría, la Regional 8, el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres y del Centro de Detención Provisional (CDP), que están ubicados en la ciudad.
De momento, están “sincerando” los datos obtenidos por el Departamento Jurimétrico de la Judicatura con el expediente físico, un proceso que tomaría unos 30 días para la reasignación de causas penitenciarias. (Expreso)
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