Juez que restituyó derechos políticos a Glas pide se retire la orden de detención con fines investigativos para presentarse a rendir su versión

El Universo.- El juez de la Unidad Multicompetente de Yaguachi, John Rodríguez, quien el viernes último acogió unas medidas cautelares a favor del exvicepresidente Jorge Glas y le restituyó sus derechos políticos pese a tener dos sentencias en firme por los delitos relacionados con actos de corrupción en la función pública, pide dejar sin efecto la orden de detención con fines investigativos que pesa en su contra para así rendir su versión libre y voluntaria.

El pedido de Rodríguez se lo hace a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, un día después de que la Fiscalía realizó varios allanamientos como parte de una investigación previa por el delito de prevaricato en el que el principal sospechoso es el juez de Yaguachi. El domingo último, uno de los allanamientos alcanzó a un inmueble ubicado en la ciudad de Milagro (Guayas), el cual es de propiedad de quien como juez constitucional resolvió a favor de Glas.

Según la Fiscalía, “a pesar de los esfuerzos realizados desde la noche del viernes 9 de junio, hasta el momento, equipos especializados de la Policía -institución responsable de actuar en el tiempo de flagrancia- no han logrado ubicar al juez investigado. (…) La Fiscalía abrió una investigación previa por el delito de prevaricato para continuar ejecutando diligencias con la finalidad de determinar responsabilidades en el hecho por el que se investiga a John R.”.

El exasambleísta Ricardo Vanegas es el abogado del juez Rodríguez. El escrito firmado por ambos está dirigido a la presidenta de la Corte del Guayas, pues fue la funcionaria que dio paso al pedido de allanamiento hecho por la fiscal provincial del Guayas, Yannina Villagómez.

Rodríguez cuestiona la decisión de que se le haya definido una orden de prisión preventiva con fines investigativos, principalmente porque esta medida tiene el carácter de excepcional. Cree que si la finalidad de la orden de prisión preventiva con fines investigativos es recabar la versión del sospechoso, la Fiscalía no le requirió legalmente ni a él ni a su defensa el que se rinda una versión libre y voluntaria para hablar de los hechos que se investigan.

“Ya se cumplió el fin previsto en el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para las actuaciones fiscales urgentes (en el allanamiento realizado el 11 de junio de 2023 se recabaron elementos de convicción), por lo que no hay motivo lógico para que subsista la orden de detención dictada en mi contra, y debe evitarse la desviación de este fin por parte de la Fiscalía para prevenir vulneraciones de carácter constitucional y legal hacia mis derechos y garantías”, sostiene el escrito enviado a la presidenta de la Corte del Guayas.

El juez investigado manifiesta de forma expresa que su intención es colaborar en una eventual investigación previa, siempre que se respete en el decurso de esta su presunción de inocencia. También sostiene que comparecerá para conocer formalmente cuáles son las acusaciones por las que debe defenderse.

El pedido de medidas cautelares que dio paso Rodríguez fue presentado por sus propios derechos como ciudadano Rodolfo Manuel Miranda Soriano. En el dictamen del juez se indica que se le restituyen los derechos políticos de participación a Glas “para que pueda participar en las elecciones anticipadas 2023, respetando sus derechos constitucionales de participación, de elegir y ser elegido, con interrelación a la progresividad del ejercicio de derechos, al debido proceso en el cumplimiento de las normas y derechos de las partes y derecho a la defensa; de igualdad y no discriminación; y proyecto de vida”.

Para el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, el juez Rodríguez cometió el delito de prevaricato, ya que resolvió en contra de normas procesales expresas.

El COIP sanciona el delito de prevaricato con una pena privativa de libertad de tres a cinco años para los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda.

“Se han ganado algunas batallas, pero no la guerra. Yo sigo bajo ataque, más procesos penales, más formulación de cargos, conspiración en algunos jueces de la Corte Nacional, sigue la persecución y mientras estoy con ustedes están llegando recursos fiscales para atacar a Jorge Glas y sabemos que están conspirando para que el binomio de la revolución ciudadana tenga un tropiezo…”, aseguró Glas, el sábado último, luego de declinar su candidatura presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana.

El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que la Policía Nacional, a través de diversas unidades especializadas de investigación y búsqueda, ha dado en este caso todo el apoyo a la Fiscalía. Informó que han operado en las jurisdicciones de Yaguachi y Milagro. En esta última se allanó el domicilio en el que vive el juez junto a su padres. (I)

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