Responsabilidades civiles y administrativas que ascienden a $ 498 millones predeterminó la Contraloría General del Estado en lo que fue el 2020.
El año pasado se aprobaron 1.571 informes de auditorías, de los que 296 concluyeron con indicios de responsabilidad penal (IRP), detalla el organismo de control en su informe de rendición de cuentas.
En total, las predeterminaciones de glosas ascendieron a $ 498?084.662.
De estas, las glosas por responsabilidad culposa son por $ 466?977.049; por orden de reintegro, $ 12?353.263; por responsabilidad administrativa culposa, $ 18?707.130; y, por control vehicular, $ 47.220.
Entre las auditorías que se destacan en el control del uso de los recursos públicos está la relacionada con las compras públicas por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, que realizaron hospitales públicos y gobiernos autónomos descentralizados.
Se aprobaron 134 exámenes especiales y a la Fiscalía del Estado se remitieron 64 informes con indicios de responsabilidad penal. En los análisis se observaron deficiencias en el control interno de los organismos descentralizados, falta de directrices claras y “errores y omisiones administrativas que derivaron en perjuicios que hasta julio del 2020 se calcularon en $ 17?887.852?.
La Contraloría precisa que este monto responde a las inconsistencias observadas en la compra de bolsas para cadáveres, implementos de protección para el COVID-19, insumos y dispositivos médicos, pruebas rápidas, servicios de desinfección, compra de kits de alimentos.
Y dentro de esto se detalla sobre el anticipo no devengado de la construcción del Hospital de Pedernales en Manabí, por $ 8?214.000, “cuyo destino se desconoce”.
Otra auditoría que terminó en la predeterminación de una glosa millonaria por $ 1.223 millones se refiere a la construcción de la Refinería del Pacífico en El Aromo (Manabí).
El informe aprobado en octubre del 2020 concluyó que se hicieron inversiones por $ 1.528 millones en una “infraestructura inútil”, que se paralizó por la falta de financiamiento.
Se observa que el exvicepresidente de la República Jorge Glas, ahora preso en la cárcel de Latacunga por hechos de corrupción, y quien era el responsable de administrar los sectores estratégicos en el gobierno de Rafael Correa, no consiguió un socio estratégico que financie la obra, que estaba valorada en $ 10.000 millones.
Además, no se exigió a la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) el cumplimiento de sus aportes como socia propietaria del 49% de las acciones de la Refinería.
La auditoría menciona que la empresa pública Petroecuador desembolsó “valores que superan cinco veces el monto del capital autoridad”, por lo que se transfirieron $ 1.000 millones.
Aunque se mantiene bajo reserva la predeterminación de glosas, se conoce que son Glas, y otros exfuncionarios como Pedro Merizalde, Carlos Pareja Yannuzzelli, Washington Andrade, Álex Bravo, PDVSA, quienes deben cubrir la glosa por los $ 1.223 millones.
Un informe enviado por la subcontralora Valentina Zárate al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) detalla que están a la espera de que culmine el plazo de 60 días para que los observados presenten sus pruebas de descargo, para de ser el caso desvanecer las predeterminaciones o dejarlas en firme.
Según la Contraloría, se han realizado 31 exámenes especiales a la construcción de la Refinería y hasta el momento se han realizado ocho acciones de control. (El Universo)
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