Lenín Moreno prepara ley que revierte al Estado bienes producto de narcotráfico, corrupción y lavado de activos

El presidente Lenín Moreno anunció este jueves que pronto presentará el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio que permitirá que los bienes, producto de narcotráfico, corrupción y lavado de activos se reviertan al Estado ecuatoriano, en compensación por el daño ocasiones al país, «por esos criminales».

Indicó que se pidió ser parte de una organización internacional denominada de Alianza de Gobierno Abierto, que promueve prácticas de transparencia.

Además, se suscribió un memorando de entendimiento con la oficina de las Naciones Unidas, contra la droga, el delito, y la lucha contra la corrupción.

Sobre el tema del narcotráfico, destacó que este año se han incautado 85 toneladas de droga que no llegaron a las calles, producto de los operativos y decomisos realizados.

En cuanto a la corrupción, señaló que este año «hemos visto la peor cara de la corrupción… ¿Por qué me indigna la corrupción? porque les roban a los más pobres, porque el robo a los que menos tienen es doble robo, es un crimen, roban a las madres que tienen que minar la basura en busca de comida para sus hijos.

Al respecto indicó que el Gobierno anterior ordenó la construcción de 8 centrales hidroeléctricas, de las cuales apenas 3 están en funcionamiento, y las 5 restantes, cuya construcción debió haber terminado hace tres años, siguen sin funcionar. «Costaron ¡Más de $ 2 mil millones! Es decir: lo que habría permitido, construir 100 mil viviendas».

Archivo de proyecto

Ya en el 2008, en el gobierno de Rafael Correa, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, el Tribunal Constitucional, Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros organismos, participaron de un seminario realizado en Quito, cuyo propósito era estructurar el primer borrador de lo que será la Ley de Extinción de Dominio, que se aplicaría en Ecuador.

A febrero del 2010, la Función Legislativa de aquella época había resuelto, en dos ocasiones, archivar el proyecto de ley propuesto por el entonces fiscal general, Washington Pesántez. (El Universo)

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