No pudo resistir más la crisis. Patricia B., propietaria de una buseta de servicio de transporte escolar e institucional, de Imbabura, vendió en mayo del año pasado su vehículo, que adquirió apenas cinco meses antes.
La deuda acumulada con una institución financiera, que le concedió el crédito para comprar el automotor, le obligó a desprenderse de su herramienta de trabajo.
Según Diego Fuertes, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenateie), 3 500 socios han vendido o intentan vender sus vehículos, frente a la crisis causada por la pandemia. El gremio agrupa a 18 130 conductores en todo el país (ver gráfico).
La suspensión de clases presenciales y de recorridos institucionales ha impedido que el sector labore con normalidad, desde hace un año.
Antes de la emergencia sanitaria, el 70% del gremio prestaba su servicio a planteles educativos a escala nacional. Y el 30% laboraba con instituciones públicas y privadas, explicó Diego Fuertes.
La última semana, los miembros de la Fenateie protagonizaron movilizaciones en varias ciudades del país. Según Fernando Barreno, presidente de la Unión de Transporte Escolar e Institucional de Imbabura y miembro de la Fenateie, decidieron salir a las calles en demanda de tres pedidos.
El primero fue solicitar al Gobierno Nacional que inste a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que se permita laborar temporalmente a los transportistas de este sector en áreas como turismo y viajes.
También pidieron a las instituciones financieras que reestructuren y refinancien las deudas, y que se frene el incremento periódico de los precios de los combustibles.
Fabián Arias, director provincial de la ANT en Imbabura, señaló que cada modalidad de trasporte tiene su área de trabajo, establecida en los contratos de operación. Eso quiere decir que el transporte urbano, por ejemplo, no puede realizar viajes interprovinciales. Por ello, consideró que cambiar eso generaría problemas con otros sectores de la transportación, que también intentan recuperarse de la actual crisis.
La Fenateie ha detectado que el problema es mayor en las provincias pequeñas, que no tienen muchas instituciones para ofrecer sus servicios, mientras esperan que se reabran las unidades educativas.
Ese ha sido el caso de Imbabura. Lizeth Guerra tiene una buseta con capacidad para llevar a 17 pasajeros. Recuerda que a inicios del 2020 tenía contratos con tres instituciones educativas de Ibarra.
El traslado de estudiantes le generaba ingresos por USD 1 200 al mes. Ahora moviliza de lunes a viernes a seis empleados de una empresa textil, por USD 300 mensuales. Esos ingresos apenas le han permitido comprar combustible para movilizarse y algo de alimentos para su familia.
Los transportistas han tenido que adaptarse a la realidad de cada localidad. En Manta y Montecristi (Manabí), la industria atunera ha sido una tabla de salvación. Han contratado el servicio de más de 60 vehículos escolares para el traslado seguro de sus empleados.
Pero en otros cantones vecinos, como El Carmen, Bolívar y Chone, hay furgonetas que están totalmente paralizadas.
Los dirigentes de esta provincia calcularon que el 15% de los transportistas de servicio escolar e institucional ha devuelto sus vehículos a las concesionarias, porque no podían cancelar los créditos.
Es por eso que en varias ciudades de Manabí los profesionales del volante también se sumaron a las movilizaciones.
En Chimborazo, los dueños de algunos vehículos escolares han modificado la estructura interior para dar otros servicios. Así, han ofrecido transporte de objetos pesados y de enseres.
William Domínguez, socio de la compañía Tranescordan, emprendió un negocio de venta de comida a domicilio. También ha realizado instalaciones eléctricas para solventar los gastos de alimentación y arriendo de su familia. Pero los ingresos han sido insuficientes para cancelar la deuda que mantiene con un banco.
Fernando Ruiz, presidente de Tranescordan -que agrupa a 20 socios-, teme que más compañeros de su gremio pierdan sus vehículos frente a los créditos que no han podido solventar durante 12 meses.
Ruiz explicó que la mayoría de transportistas del país que prestan este servicio se endeudaba para renovar sus unidades cada cuatro años, como lo exigían las autoridades.
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