Cuando arrancó el año pasado el proceso de regularización de cultivos de banano y plátano, las autoridades buscaban sincerar el hectareaje sembrado. La idea era que con esa data se pueda ordenar y mejorar las condiciones de comercialización de este mercado.
Los cálculos previos de sectores bananeros apuntaban a que en el país pudiera haber entre 35.000 y 40.000 hectáreas sembradas de manera informal, es decir, que no estaban inscritas y registradas en el Ministerio de Agricultura.
A un año de ese proceso, las cifras del ministerio reflejan que han regularizado 6.580,08 hectáreas. Eso significaría que un herctareaje importante aún permanece si entrar a los registros oficiales.
El año pasado, previo al proceso de regularización, se estimó que formalmente estaban registradas 176.000 hectáreas en Guayas, Los Ríos, El Oro, Cotopaxi, Manabí, Esmeraldas y otras provincias.
Vía decreto, el actual Gobierno decidió extender por un año más el plazo para que propietarios de fincas puedan registrar formalmente sus predios en el Ministerio de Agricultura. El plazo inicial venció en agosto.
En ese decreto se dispone que el registro e inscripción de este tipo de plantaciones se podrá solicitar al Ministerio de Agricultura por un año a partir de la publicación de la reforma en el Registro Oficial, ampliando así el tiempo para estas inscripciones, que deberán realizarse conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta ley.
Los propietarios de fincas deben cancelar $ 600 por cada hectárea para poder legalizar sus fincas. Para eso deben llenar la solicitud de inscripción y registro, presentar un RUC actualizado, certificado de gravámenes e historial de dominio del año en curso, plano con coordenadas georreferenciales del predio, entre otros requisitos.
Productores con predios familiares refieren que el valor de la multa sigue siendo uno de los impedimentos para poder cumplir con el registro y legalizar su situación.
Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador, indicó que hace falta asesoría legal y facilidades para que productores puedan acceder a un mecanismo de financiamiento o diferimiento de esas multas.
El dirigente aseveró que parte de esas hectáreas son familiares y tienen años funcionando, pero no están registradas porque han pasado a nuevas generaciones y sus propietarios no han hecho cambios. “Para poder legalizar a pequeños productores, el ministerio debió dotar de asistencia legal y económica”, dijo Torres. (El Universo)