Radio Pichincha.- El nuevo Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, ocultó una sociedad offshore registrada en Bahamas (país que figura como un paraíso fiscal) y no lo declaró a la Contraloría, antes de ser designado como funcionario público. En una investigación del medio español, Público.es, se reveló que Santos Alvite sería el director de Santa Laura Victoria Ltd, desde el 9 de noviembre de 2015, junto a una mujer identificada como Alexandra Santos Jaramillo.
El capital autorizado de la offshore en el momento de su constitución era de 50.000 dólares, «dividido en 50.000 acciones con un valor nominal de 1 dólar cada una».
El registro muestra que la sociedad sigue activa a día de hoy y, en este año, se han pagado las tasas correspondientes para mantenerla en ese estado.
Además, la dirección que está registrada en la constitución de esta offshore coincide con la dirección de la oficina del Ministro de Energía, según el Catastro municipal de Quito, el domicilio de la capital ecuatoriana que aparece en la constitución de la offshore coincide con la dirección de la oficina de Santos en esa ciudad.
Ante esto, Santos Alvite fue consultado por Público.es sobre su relación con esta empresa offshore, pero, no desminitió su vinculación, solo respondió que «no tiene patrimonio» ni tampoco «actividad».
De la misma manera, no explicó las razones por las que no incluyó este patrimonio en la declaración juramentada que realizó el pasado 31 de octubre ni los motivos por los cuales este año se han vuelto a pagar las tasas para mantener esta sociedad en activo.
Entre los objetivos de constitución de la empresa del Ministro ed energía, Santa Laura Victoria Ltd, se encuentra «llevar a cabo la actividad de una sociedad de inversión y, para ello, adquirir y poseer, ya sea en nombre de la sociedad o en el de cualquier nominado, acciones, obligaciones, bonos, pagarés, obligaciones y valores emitidos o garantizados por cualquier sociedad, dondequiera que se haya constituido o lleve a cabo su actividad».
Además, se ofrecía para «garantizar préstamos y prestar dinero con o sin garantía o seguridad a cualquier persona, empresa o corporación», al tiempo que preveía «dedicarse a cualquier negocio o negocios, o a cualquier acto o actividad», que no estuviese prohibida «por ninguna ley vigente en Bahamas».
Si se comprueba la participación de Fernando Santos Alvite en esta empresa offshore podría ser juzgado por perjurio, debido a que omitió este dato en su declaración ante la Contraloría y también podría perder su cargo como funcionario público, debido a que la Ley de Servicio Público prohibe que cualquier funcionario del Estado tenga vínculos o propiedades en países denominados como paraísos fiscales.
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