“Entré a trabajar como relacionista pública con una partida de personal administrativo. Mi sueldo era de 1.300 dólares y al mes me pedían 80 para Alianza PAIS”, dijo Andrea Utreras, quien entre enero y marzo de este año trabajó para la asambleísta Karina Arteaga (PAIS).
Utreras indicó que la asambleísta de Manabí debía cumplir una cuota de 400 dólares para el moviento, pero el dinero salía de las cuatro persona que laboraban para ella. «Además, cuando salía a almorzar o a algún evento, de nuestro bolsillo, teníamos que pagar sus gastos de comida y alimentación” indicó.
Estos «abusos» llevaron a la profesional de la comunicación a renunciar. Según el portal de La Hora, tres meses se tardó la asambleísta Arteaga en firmar sus papeles para que le cancelaran su liquidación.
“Yo estoy segura de que lo hizo por retaliación. Entré como relacionista pública y ella pretendía, además, que yo cumpliera labores de asistente y empleada doméstica, porque más de una vez nos pedía a una compañera y a mí que nos rotáramos para acompañarla a dormir en su casa, porque ella no quería dormir sola”, resaltó.
La asambleísta Arteaga no se ha referido al respecto.
Investigación
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aprobó ayer una resolución donde se garantiza que todas las personas que tengan conocimiento y pruebas sobre supuestos cobros de parte de los asambleístas a sus asesores, podrán hacerlo sin el riesgo de perder su trabajo.
La presidenta de esa función, Elizabeth Cabezas, indicó que dicha resolución busca mantener la coherencia de la lucha contra la corrupción dentro de la Asamblea y, además, “precautelar el buen nombre” del organismo.
“Además, si tenemos a asambleístas que conocen de otros asambleístas que están practicando estos cobros ilegales, la Ley de la Función Legislativa tiene los mecanismos para que puedan hacer la denuncia”, agregó.
Al mantener este proceso ordinario, el siguiente paso sería que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, defina una fecha para que se discuta en el Pleno. “Si se llega a comprobar que estas prácticas se dan dentro de la Asamblea, serán los organismos correspondientes los que lleven a cabo la investigación”, acotó Cabezas. Pero no definió qué día podría discutirse el tema. (La Hora)
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