El Partido Social Cristiano (PSC), con su máximo líder Jaime Nebot a la cabeza, anticipó que no apoyará la aprobación de nuevos impuestos encubiertos de solidaridad, que no está de acuerdo con lo propuesto por el gobierno, como medidas económicas para paliar la crisis sanitaria por el COVID-19.
En comunicado al país, donde suscriben el bloque de asambleístas, alcaldes, prefectos, presidentes de las juntas parroquiales y directivos del PSC-Madera de Guerrero, consideran que la solidaridad no es una opción, es una obligación ética, que no cabe que se imponga por ley o decreto. Plantean ocho alternativas para lograr liquidez de forma rápida y once reformas estructurales de fondo, e inclusive anuncian con una consulta popular en caso que sus planteamientos no tengan acogida en el gobierno.
Que en una tragedia sanitaria y social como la que vivimos, ninguna persona natural o jurídica responsable y solidaria puede negarse a aportar con dinero, pero sí debe rechazar procedimientos que de aceptarse, constituirá precedentes nefastos.
Que solo Hungría y Ecuador proponen extraer dinero de las empresas, trabajadores y consumidores, el resto de países proponen lo contrario: no más impuestos, bajar intereses y aumentar la liquidez, reestructurar pasivos, generar estímulos y facilidades para la inversión y consumo.
En el comunicado, el PSC insiste en calificar de absurda la pretensión de extraer dinero de negocios y personas que no pueden vender, cobrar ni pagar en las actuales circunstancias; que esa no es la solución, ni inmediata ni a largo plazo.
Que si bien se han conformado, desde el sector privado, varios fideicomisos para recibir y administrar donaciones para prevenir y combatir el coronavirus y sus secuelas económicas, el PSC considera que la persuasión del gobierno debe utilizarse para que quienes no lo hayan hecho lo hagan, como empresas nacionales y extranjeras que tienen negocios con el Estado en las áreas petroleras, electricidad y telecomunicaciones. Y advierte que las personas privadas no pueden administrar dinero que se vuelve público.
Al constituir nuevos fideicomisos se puede conseguir el dinero que requiere el gobierno y administrarlos de manera coordinada con los otros fideicomisos ya constituidos. Esto, sin incurrir en violaciones constitucionales y legales como las que plantea el gobierno, que propone, “en realidad, tributos encubiertos a los salarios y a las empresas”.
Además, el PSC pide aclarar el destino que tendrán los recursos, pues mientras el Primer Mandatario señala que será exclusivamente para luchar contra los efectos de la pandemia, el Ministro de la Producción declaró que era para garantizar nuevos préstamos del gobierno.
Alternativas para lograr liquidez
Como alternativas esta tienda política plantea pedir, presionar y lograr, con el poder que debe ejercer un gobierno, que la empresa privada que no lo haya hecho, especialmente, de las áreas de petróleo, electricidad y telecomunicaciones, haga donaciones de valores, relacionados con las inversiones y utilidades que tienen en el Ecuador, y constituyan sus propios fideicomisos.
Que se reoriente íntegramente el presupuesto general del Estado, poniendo todos los recursos disponibles a la atención de la emergencia sanitaria y social; que no es el momento de la obra, sino de evitar la enfermedad y la muerte de conciudadanos.
Igualmente, propone suspender el pago de la deuda externa hasta llegar a un acuerdo de prolongación de plazos, baja de intereses, rebaja de capital o pagos de cuotas ascendentes de capital.
La liquidez además se obtendría con la venta de cartera petrolera y eléctrica, lo cual no constituye endeudamiento.
Otro de los temas que propone el PSC es suprimir los subsidios al contrabando y a las personas pudientes, pero manteniendo los que corresponden al transporte público, a la agricultura, ganadería y pesca artesanal; al gas envasado en bombonas.
Recomienda también la obtención de nuevos créditos en el mercado internacional a la tasa que corresponda al riesgo país; así como concretar concesiones y alianzas público privadas, lo que implicaría ingresos en vez de egresos, traslado de personal al sector privado, y optimización de servicios a precios justos.
En lo laboral, el PSC indica que sin afectar la estabilidad de la burocracia necesaria y formal, proceder a no renovar los contratos cuyos plazos se vayan venciendo, lo cual no implica despido.
Reformas estructurales
En torno a las reformas que permitirán a criterio del PSC, un crecimiento económico, plantea un impulso a la agricultura, ganadería y pesca artesanal, otorgando crédito suficiente, oportuno y barato; incrementar la producción petrolera del país y desarrollar la actividad minera bajo severas medidas de mitigación y respeto al medio ambiente.
Así mismo, propone ampliar la frontera del empleo permitiendo la contratación concertada entre empleadores y trabajadores, bajo el sistema de jornada fraccionada, garantizando el pago proporcional de la remuneración percibida por quienes trabajan jornada completa, así como la correspondiente afiliación al IESS.
Prohibir a los gobiernos, la utilización y disposición, a cualquier título, de los dineros de los aportantes al IESS y de los seguros sociales de la Policía y Ejército.
En cuanto al IVA, el PSC plantea suprimir el sistema de cobrarlo para devolverlo, así como la supresión de la Cuenta Única del Estado y volver al sistema de preasignaciones presupuestarias.
Por todas estas reformas y planteamientos, según añade el comunicado, el PSC votará sin condiciones, pero que si eso no sucede, con la urgencia que demanda, irá directamente al pueblo a plantear una consulta popular. (El Universo)
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