El próximo viernes, a las 14:30, en la Unidad Judicial de Tránsito, se prevé realizar la audiencia de sustanciación de un recurso de acceso a la información que planteó el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, contra la Presidencia porque “vulneró el derecho al acceso a la información pública”.
En un oficio, Carondelet respondió, el 19 de abril pasado, que “no encuentra” en los archivos de la administración del sistema público el informe final elaborado por un Comité Interinstitucional que investigó la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, en el 2010, quien denunciaba presuntas irregularidades en la adquisición que hizo el Ministerio de Defensa, de siete helicópteros Dhruv, por $ 45 millones, y de los cuales cuatro se accidentaron.
La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, recurrió a la Defensoría para acceder a este expediente que entregó este Comité al expresidente Rafael Correa y a la Fiscalía General del Estado el 24 de junio de 2015, según lo había anunciado en Twitter la entonces ministra de Justicia y presidenta de esta instancia, Ledy Zúñiga.
Ochoa asegura que las conclusiones que le entregó el Comité en 45 hojas están “incompletas”, por lo que quiere el “informe completo”. Aunque teme que este nuevo recurso se ‘anule’, pues el juez Víctor Romero convocó en su resolución a una audiencia de habeas data, y no de acceso a la información como se solicitó.
El caso Gabela formó parte de 400 casos considerados de “relevancia y conmoción nacional” a los que el Ministerio dio seguimiento en esa época.
El 19 de diciembre de 2010, el oficial fue asesinado por disparos en el portal de su casa ubicada en una urbanización de la vía a Samborondón. La justicia determinó que se trataba de delincuencia común.
Pero su esposa asegura que el crimen se relaciona con las denuncias que él hizo por la compra de los Dhruv en el 2008.
El 10 de julio de 2012, Correa la recibió en el Gobierno Zonal de Guayaquil y se comprometió a investigar este suceso.
Tres meses después, a través del decreto ejecutivo 1317, se integró este comité con los representantes de la desaparecida Secretaría de Transparencia de Gestión (que estuvo a cargo de Edwin Jarrín y Diego Guzmán) y los ministerios de Coordinación de Seguridad, Defensa, del Interior y de Justicia, que lo presidía.
Por ellos pasaron varios titulares. Algunos se mantienen en otros cargos en el actual Gobierno o lo estuvieron hasta hace poco; así, en Seguridad estuvo el vicealmirante Homero Arellano, hoy embajador de Ecuador en Chile; en Defensa, María Fernanda Espinosa, ahora canciller; y Fernando Cordero, actualmente superintendente de Ordenamiento Territorial; en Justicia, Johanna Pesántez, hoy secretaria jurídica de Carondelet; Lenin Lara, alcalde de Esmeraldas; y, finalmente, Zúñiga, que en los últimos días fue titular de la extinta Secretaría Antidrogas.
Mientras, César Navas fue ministro del Interior hasta el viernes pasado.
Para investigar esta muerte se contrató al experto argentino Roberto Meza Niella y su empresa Consultora Pericial, por $ 78.000, que debían entregar tres productos. Pero según Ochoa, hasta hoy desconoce los resultados “reales” de lo que el consultor concluyó.
Zúñiga afirmó el 3 de febrero de 2015 que, de acuerdo al perito, la muerte habría “sido producto de la delincuencia común, no siendo posible establecer el móvil real del crimen”.
Tres años después, Ochoa recuerda el compromiso que le hizo el presidente Lenín Moreno el 11 de julio de 2017, de poder levantar el carácter de secreto del expediente, pero “hasta hoy no pasa nada”.
No hay causas distintas
El Comité Interinstitucional había señalado cuatro conclusiones, y una de ellas es que “no existen elementos de naturaleza alguna que permitan relacionar la muerte de Jorge Gabela con hechos distintos a los investigados por la Fiscalía”.
Confidencialidad
El perito no ha divulgado los resultados de su informe, pues el contrato fijó cláusulas de confidencialidad. (El Universo)
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