Se abrazaron y lloraron de alivio. Adriana (nombre protegido) presentó hace cinco años una denuncia por violación contra Pedro Vicente G., el carismático sacerdote que llegó en el 2011 a su parroquia, ubicada en el centro-sur de Guayaquil.
La víctima fue su hija menor, que en ese tiempo tenía 11 años. Pero ella no fue la única; cuando presentó la queja sus otras dos hijas también confesaron los abusos que sufrieron.
La noche de este viernes 11 de mayo del 2018 fue declarado culpable. Esta fue la quinta audiencia, después de varias suspensiones. La sentencia se conoció a las 20:00.
La hija menor de Adriana ya no abrió los carteles que ella mismo había hecho para mostrar en las otras diligencias y en los que pedía justicia.
“Nosotras siempre estábamos en el altar; éramos monaguillos y nos daba clases. Pero cuando estábamos a solas en la sacristía me tocaba, quería que me sentara en sus piernas, me acariciaba”, recuerda otra de las hijas de Adriana, que ahora tiene 18 años.
Ellas tampoco serían las únicas. Gran parte de sus víctimas eran integrantes de un coro juvenil, creado por iniciativa de Pedro Vicente G. Él decidía quienes entraban y quienes salían del grupo; todo dependía de si accedían o no a sus abusos.
“Mediante el sacramento de la confesión él conocía las necesidades de las chicas. Y después buscaba crear un compromiso, una dependencia. Les daba dinero de las ofrendas, les compraba bicicletas, hasta quinceañeras les hacía”, cuenta el padre de otra joven.
La denuncia de su hija no fue aceptada por la Fiscalía como violación porque era mayor de edad cuando ocurrió y porque el sacerdote no actuó con violencia. “No hubo violencia pero él abusó de su don. A mi hija la manipuló durante las consejerías.
Le dijo que él era un hombre de Dios y que le daba un amor santo, que Dios bendecía esa relación”, contó el hombre que acudió este viernes a dar su testimonio a favor de la hija de Adriana, en la Unidad Penal Norte 2 del Albán Borja.
Cerca del anochecer fueron llamados a declarar en el juicio Antonio Arregui, exarzobispo de Guayaqui; e Iván Minda, obispo auxiliar. Gritaron sus nombres, pero no acudieron.
Seis jóvenes dieron sus testimonios contra Pedro Vicente G. ante la Arquidiócesis de Guayaquil, en 2013. Lo hicieron un año después de que la primera adolescente reveló las agresiones durante una confesión a otro sacerdote. Eso fue en octubre del 2012.
Por orden de la Iglesia fue suspendido del sacerdocio. Pedro Vicente G. tuvo la oportunidad de dar la última eucaristía y luego se despidió de la parroquia. Después del sermón dijo que había sido separado por injurias. Desde entonces nadie sabía de su paradero; desapareció.
El juicio en la Fiscalía continuó hasta que fue capturado en agosto del 2017 en Quito, en la casa de un familiar. “Después de ir tantas veces a la Arquidiócesis nos dijeron que habían enviado una carta al Papa y que había sido suspendido.
Pero ya había pasado mucho tiempo. Si se hubiera actuado desde el 2012 se hubiera evitado el sufrimiento de tantas chicas”, dice la madre de otra de las víctimas.
Este viernes en la mañana, los líderes de la Iglesia Católica en la ciudad expresaron que reprochan las “conductas inapropiadas con menores” por parte de los clérigos. Y anunciaron que están comprometidos en colaborar con las autoridades competentes en casos de abuso sexual.
Esto frente al caso de Luis Fernando I., acusado por un grupo de jóvenes que sufrieron la ‘dinámica del pecado’, una práctica investigada bajo el presunto delito de abuso sexual y tortura.
El abogado Santiago Sánchez Llivicura, quien asumió la defensa de Adriana y su hija, cuestiona la actuación de la Iglesia en este caso. “Es un monstruo disfrazado de sacerdote. Los denunciantes pusieron la queja en la Curia, pero lo solaparon (…).
Hubo más víctimas que pusieron sus denuncias ante la Iglesia. Pero cuando la Fiscalía pidió copias certificadas de esas denuncias, ellos se escudaron en el código canónico”, dijo.
Según el Código Penal anterior la violación contra menores de 12 años de edad se sanciona con pena privativa de libertad de 16 a 25 años. Sánchez pidió la pena máxima para Pedro Vicente G. (El Comercio)
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