Jennifer Herrera se quedó sin casa desde hace cinco años, cuando el terremoto acabó con una covacha en la que vivía con sus tres hijos.
Esta habitante del cantón Jama, en Manabí, improvisó sobre el mismo terreno el montaje de unos plásticos para guarecerse con sus vástagos, luego del sismo. Desde entonces, ella espera el beneficio de la casa nueva que se le ofreció durante la reconstrucción, por el terremoto de 7.8 grados que afectó a Manabí y a Esmeraldas.
Estos días está en busca de una ginecóloga, ya que sospecha de algún mal en sus ovarios. A ella se le hace difícil salir por atención médica, debido a que los centros de salud están a una hora del espacio donde habita y no tiene dinero para solventar los pasajes.
Le han dicho que a esos especialistas los encuentra en el vecino cantón de Pedernales.
El testimonio de Herrera refleja la realidad de la población, que aún siente los efectos de una parte de los pendientes que quedaron por atenderse con los más de USD 3 500 millones que se recaudaron con la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
Con esos recursos se levantaron nuevas casas para 32 682 beneficiados, edificios, vías y la reactivación del aparato productivo de los dos territorios.
No obstante, media década después se reconoce que eso no fue suficiente. Esto lo recoge la nueva Ley para la Reactivación Económica de Manabí y Esmeraldas, que aprobó la Asamblea Nacional y que fue publicada en el Registro Oficial hace 11 días.
La normativa de 12 artículos, una disposición general y dos transitorias, busca apoyar y generar condiciones para emprendimientos, asociaciones, organizaciones en turismo y a quienes están en el agro.
Y, por otro lado, la atención para la infraestructura pública y vivienda. En las dos provincias ya se trabaja en la identificación de proyectos.
Estos, según el artículo 8 de la Ley, serán identificados por una Unidad Coordinadora que estará conformada por un presidente, el delegado del sector productivo ministerial, gobernadores, prefectos, alcaldes y juntas parroquiales.
Ministerios de Industria, Agricultura, Turismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la banca pública y otros estarán al frente de una hoja de ruta para la toma de decisiones.
La presidenta del Frente Cívico de Manabí, Patricia Briones, dice que la infraestructura hospitalaria de Pedernales, Sucre, Manta y Portoviejo debe ser atendida con urgencia, ya que hay retrasos en esas obras.
La construcción de la casa de salud de Pedernales, por ejemplo, tiene alrededor de un 14% de avance; inicialmente se planificó su entrega en diciembre de este año. Pero ahora se habla de que se proyecta su finalización en abril de 2022, según la Subsecretaría del MTOP.
En julio del 2021, el Gobierno entregó USD 8 103 608 a la empresa china CAMC Engineering, para la construcción.
Los nuevos sanatorios de Sucre y Manta, en cambio, tienen un 75% y 66% de avance, respectivamente. Mientras que en Portoviejo está pendiente la edificación de las torres B, C y D de su hospital.
La Comisión Anticorrupción de Manabí ha identificado a zonas en Cojimíes, Jama, Pedernales y Sucre con terrenos donde las familias montaron covachas para vivir.
Este colectivo no tiene una cifra exacta de cuántas personas se quedaron sin el beneficio de un bono para habitar en las urbanizaciones que construyó el Estado para los afectados del sismo.
Por eso, su presidente, Vicente Abril, pide que la Unidad Coordinadora ponga énfasis en la búsqueda de estos casos, ya que son familias pobres, cuya situación económica se ha tornado más precaria con la crisis por el covid-19.
El caso de Jennifer Herrera, a quien la Comisión Anticorrupción y el Frente Cívico conoció en el marco de las indagaciones, es peor aún.
Ella no tiene pareja y los pocos recursos que logra (hasta USD 15 semanales), por el lavado de ropa, no le alcanzan para cubrir sus gastos y peor para mejorar la infraestructura.
El artículo 12 de la Ley para la Reactivación Económica señala que la Senplades y el MTOP en coordinación con los municipios y prefecturas deberán identificar y planificar las obras para mejorar las carreteras, puertos, aeropuertos y edificación de viviendas.
En ese sentido, la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, dijo que propondrá la inmediata intervención de la vía Quinindé-Esmeraldas, de 91 kilómetros. Este eje tiene 22 puntos críticos que registran hundimientos, forámenes en el asfalto y fallas geológicas.
Zambrano aseguró que es la principal conexión con otras regiones y que facilita el arribo de turistas, sobre todo de la Sierra, en cada feriado.
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