La Fiscalía del Guayas procesó a seis personas que habrían participado en los atentados con material explosivo ocurridos en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, donde –pese a la magnitud de los hechos– no se registraron personas heridas, solo daños materiales.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del viernes 10 de julio de 2020, en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso, presentó como elementos de convicción: las pericias de audio y video de la explosión suscitada el 22 de agosto y la ruta técnica del vehículo utilizado, el informe de extracción de información de celulares de los procesados, la ubicación georeferencial del auto utilizado y el diagrama de correlación telefónica.
Además, Fiscalía presentó los informes elaborados por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, que determinó el uso de explosivos en los diferentes hechos; el análisis químico de indicios y las versiones rendidas por los detenidos.
La jueza de Garantías Penales, Nelly Parrales, emitió auto de llamamiento a juicio para Segundo P. S., Joshua P. R., Víctor P. R. y Andrés B. S, como coautores; mientras que, como cómplices del delito, a Daniel C. E. y Cristhian F. P., por su presunta participación en los atentados con explosivos ocurridos en matriz y parqueos de la Universidad de Guayaquil.
Los procesados guardan prisión preventiva, a excepción de Daniel C.E., quien presentó un recurso de apelación a la prisión preventiva, que fue acogido por una de las Salas de la Corte Provincial del Guayas, el pasado 14 de noviembre de 2019, disponiendo su libertad.
Contexto
El 7 y el 29 de mayo de 2019 se produjeron varias detonaciones al interior de la Universidad de Guayaquil.
En la primera, un automotor resultó afectado en el acceso a la facultad de Educación Física, mientras que la segunda detonación se produjo en las inmediaciones de la Facultad de Medicina.
Días después, el 1 y el 22 de agosto de ese año, se reportaron nuevas explosiones en la Facultad de Medicina, que produjeron daños en ventanales y estructuras cercanas. Finalmente, una última explosión se produjo en la parte de atrás del edificio principal del Rectorado del centro de estudios superiores, ocasionando daños en la infraestructura en ventanales, puertas y accesos a entradas colindantes. Los daños ascenderían a más de 54.000 dólares, según las autoridades de la Universidad.
Fiscalía procesó este caso por el delito de terrorismo, según el artículo 366, numerales 9, 10 y 13, que sanciona este tipo penal con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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