Unos 1.000 funcionarios serán desvinculados del sector público hasta 2021, como parte del Plan de Optimización de las finanzas, según anunció el gobierno del presidente Lenín Moreno, lo cual preocupa a la Federación de Servidores Públicos de Ecuador, cuyo titular, Miguel García, instó al gobierno a sincerar las cifras.
En entrevista con Andes, García explicó que las 1.000 personas corresponderían únicamente a las empresas públicas que suman un total de 48.000 servidores; pero que aún resta por conocer la cantidad de personal que será despedido en las otras instituciones del sector público en donde laboral unas 600.000 personas.
Además, exhortó al gobierno a cumplir, primero, los compromisos pendientes con los jubilados, a quienes adeudan unos 700 millones de dólares.
¿El recorte de personal en el sectorpúblico, anunciado por el gobierno, es una salida para reducir el gasto fiscal?
Me parece que es un anuncio parcial, tengo la impresión de que están diciendo solo lo que es publicable y lo otro, que corresponde a quienes trabajan por contrato y que representa el grueso de salida, no lo quieren publicitar. Somos 600.000 personas y el costo de los sueldos anualmente es de 9.500 millones de dólares. Eso de que salgan 1000 personas no es un recorte, por eso creo que vamos a tener que esperar unos días para un segundo anuncio.
El Secretario de la Presidencia, Andrés Mideros, me explicó que el Presidente de la República les ha dado un plazo de entre 90 y 120 días para que se haga un análisis más técnico y pormenorizado de funciones, de perfiles, de cada uno de los funcionarios del gobierno central. Entiendo que este estudio arrojará lo definitivo en lo que refiere a achicamiento del Estado.
¿La cifra sería marginal?
Nosotros quisiéramos que no haya recorte alguno, pero no es creíble que solamente 1.000 personas vayan a salir. Creo que el anuncio de las autoridades fue hecho sin un estudio previo y que, luego del estudio, se informará sobre un recorte más drástico.
¿Cuántos funcionarios públicos existen en el país?
Los 1.000 trabajadores de que se habla son de las empresas donde suman 48.000 personas, pero ahí no están contemplados los 600.000 trabajadores públicos de entidades.
Lo que hemos pedido al Gobierno es que sincere el número de funcionarios que existimos. El dato oficial es que somos 490.000 y eso no cuadra con los datos oficiales que manejaba el gobierno anterior: 120.000 trabajadores con contratos de servicios ocasionales más 467.000 que tuvo (el expresidente Rafael) Correa al inicio, bordeábamos los 600.000.
No puede ser que de esa cifra, en vez de crecer, haya bajado. No cuadra, y no dicen nada sobre compañeros que trabajan con contratos de servicios ocasionales que dejaron como herencia al presidente Moreno.
¿Cuántos son los jubilados afectados?
Ya están afuera y tienen compromisos de pago en documentos y firmados por autoridades; tienen los papeles y no se les ha pagado más de tres años, algunos van para cuatro años. Esto afecta a alrededor de 35.000 personas, aproximadamente son 45.000 dólares lo que deben a cada persona, por eso es que al deuda llegó a los 1.300 millones de dólares.
Los 600 millones que se ha pagado es un esfuerzo que ha hecho este gobierno pero no hay dinero para pagar los 700 millones de dólares restantes; entonces la lógica dice: sino pueden pagar lo que deben, cómo asegurar que se va a cancelar a los que van a salir.
El gobierno ha garantizado que se respetarán los derechos laborales de quienes serán desvinculados del sector público y de las políticas de reconversión laboral (pasar al sector privado), además que se ofrece acceso a créditos…
A los servidores públicos que salieron voluntariamente para jubilarse, el gobierno pasado les quedó debiendo unos 1.300 millones de dólares por compensación establecidas en la ley. El presidente Moreno ha pagado ya 600 millones en la realidad y no hay posibilidad de pagar en el mediano plazo los 700 millones pendientes.
Sino puede pagar ni a los que ya se fueron, dónde está el dinero para pagar a los que vayan a salir. El ministro de Trabajo (Raúl Ledesma) dijo que no hay un solo centavo en el presupuesto del 2018 destinado a estos efectos; por eso es que no es creíble, porque no hay la plata.
Sobre lo otro, nos parece una broma de mal gusto que el ministro venga a decir que está elaborando un plan de reconversión laboral de nosotros. Saben perfectamente la situación del sector privado, no creo que seamos bienvenidos. Al que le botan queda sin posibilidad de reinsertarse en el sector privado.
¿Y los créditos que anuncian para que los trabajadores inviertan en microempresas?
Me parece interesante que lo que van a destinar a créditos, vayan sumando y vayan pagando lo que deben primero.
¿En cuánto a arriendos, cuánto gasta en este rubro el Estado?
Solo en arriendos se gastan 121 millones de dólares, es un gasto innecesario porque como nos trasladamos a las plataformas (dos edificios propios que concentra a las instituciones del sector social y del sector financiero) han quedado decenas de edificios que siguen desocupados, sin embargo, se sigue pagando.
Es el caso de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, que paga 20.00 dólares mensuales de arriendo, o el del ministerio de Finanzas está bien equipado pero vacío. Si les exigieran a todas las instituciones que ocupen los locales propios del Estado, el ahorro sería de 121 millones de dólares.
¿También se podría analizar la opción de vender esos edificios que no se estén utilizando?
También por ahí tienen que ir, tiene que ordenarles que ocupen edificios propios del Estado y lo que quede se proceda a una venta.
¿Que esperarían de las autoridades. Hay incertidumbre entre los servidores públicos sobre la cifra real de personas que saldrán de ese sector?
Creo que algunas cosas se van a hacer sin anunciarse. Se usó el Estado como botín político, entraron necesarios y no necesarios; se engrosó innecesariamente. Todo mundo tiene derecho a trabajar, pero tienen que tener responsabilidad y actuar con honestidad, sino las tienen, deben irse.
Alguna gente no tienen ninguna función, esa gente no se desea que pierdan su puesto de trabajo, tienen que irse pero están cometiendo un acto de corrupción, ganando un sueldo sin aportar absolutamente nada. (Agencia Andes)
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