Servidores públicos de la frontera norte participaron en seminario sobre extinción de dominio y recuperación de activos

Jueces, servidores de la Fiscalía, de la Contraloría, del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduanas participaron en el seminario Extinción de Dominio y Recuperación de Activos organizado por el Consejo de la Judicatura (CJ), la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

La inauguración del evento se realizó el jueves 03 de marzo de 2022 en Ibarra (Imbabura) y a ella asistieron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los Vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno y Xavier Muñoz; el Director de INL en Ecuador, Ory Abramowicz; y, el Director del Proyecto Contra el Crimen Organizado Transnacional de la PADF, Andrés Ormaza.

En el seminario, dirigido a servidores públicos de las provincias ubicadas en la frontera norte, se analizaron los mecanismos y estrategias para enfrentar, delitos como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, minería ilegal y otros de características transnacionales.

En esta línea, el Presidente del CJ resaltó el compromiso de la institución para combatir esos delitos que “socavan la democracia, el Estado de Derecho y afectan a la calidad de vida de los habitantes”. Indicó que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada requiere de acciones interinstitucionales, así como de legislación y operadores de justicia especializados.

Fausto Murillo recordó que el seminario es parte de un conjunto de acciones contempladas en el convenio marco de cooperación que el CJ y la PADF suscribieron en 2020. A través de este instrumento se coordinan espacios orientados a lograr el real acceso de los ciudadanos a una justicia independiente y especializada, con cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción.

Ory Abramowicz, en su intervención, recordó que el crimen transnacional organizado es un fenómeno global que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y la integridad del Estado, amenaza a la democracia y pone en grave peligro los derechos humanos.

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