El Tribunal Penal Nacional resolvió, por unanimidad, ratificar la orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, puesto que la apelación presentada por su defensa «carece de sustento jurídico».
La Fiscalía argumentí que Correa, quien reside en Bélgica, «no se ha presentado a diligencias dispuestas por Fiscalía y por su defensa». La petición tuvo lugar en la audiencia en la Corte Nacional de Justicia para resolver el recurso de apelación a la orden de prisión preventiva interpuesto por la defensa del exmandatario.
El pasado 3 de julio, la Corte Nacional aceptó la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición de Correa, tras haber desoído la medida cautelar de presentarse en Quito un día antes.
La jueza Daniella Camacho dictó la prisión preventiva para Correa en una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares impuestas en junio, tras ser vinculado penalmente al caso de secuestro del exlegislador Fernando Balda.
Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, tenía que presentarse el 2 de julio en la Corte Nacional en Quito, pero acudió al Consulado de Ecuador en Bélgica, al considerarlo un cumplimiento de la medida cautelar que le había sido impuesta tras su vinculación penal al caso.
El expresidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ya había comparecido anteriormente desde el Consulado en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación del caso.
Antes de ingresar hoy en la audiencia, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, señaló que la orden de prisión «fue atropellada, arbitraria, desproporcionada, ilegal y está contraria a los derechos humanos».
Según denunció Balda, el intento de secuestro se produjo en Colombia en agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo y lo mantuvieron retenido por cerca de hora y media, tras lo cual fue rescatado.
Correa rechaza cualquier participación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación personal en los hechos y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.
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