2.241 menores han vivido una pesadilla sexual desde enero del 2017 en Ecuador, según registro de Fiscalía

Mediante un convenio de cooperación interinstitucional se registra desde enero del 2017 los casos de abuso y violación sexual cuyas víctimas tienen hasta 17 años de edad. El Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado (que recepta las denuncias) participan de este reporte, con el fin de intercambiar y concatenar estos delitos cuando se conocen en el ámbito educativo y los registrados por el sistema judicial.

El número de violaciones sexuales consumadas a menores de edad asciende a 2.241 entre enero del 2017 y septiembre de este año, es decir, durante los últimos cuatro años, informó la Fiscalía General del Estado a este Diario. Los abusos sexuales sumaron 4.877 en ese mismo periodo a nivel nacional.

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), una organización no gubernamental, conoce algunos de estos casos y asiste con ayuda psicológica y judicial a las víctimas desde 1983.

Jenny Lara, psicóloga del Cepam, afirma que el confinamiento por la pandemia del COVID-19 dificultó que algunos de los casos sean denunciados y la situación de las víctimas empeoró, ya que por lo general los agresores son personas del propio núcleo familiar. “Dentro del servicio hemos evidenciado un gran repunte de los casos de incesto sexual, dado que el encierro orilló y expuso a las víctimas a estar cerca de los abusadores, de los agresores sexuales que por lo general terminan siendo los progenitores, los padrastros, abuelos, tíos, miembros del núcleo familiar”.

Las denominadas redes de apoyo que conllevan al rompimiento del silencio que impide que algunos de los casos salgan a la luz, no estuvieron activas. En estas se incluye a los familiares más cercanos o allegados a las víctimas que son los que finalmente denuncian por lo general los casos.

“Esto dio pie a que no se llame a alguna amistad o a los docentes que trabajaban desde sus casas, lo que dificultó que conozcan los casos y denuncien cuando las víctimas son menores de edad. Todo esto fue un aliciente para que los abusos sigan perpetrándose y tuvieran efectos psicológicos más adversos y a todo nivel”, agrega Lara.

Una vez que se llega a la normalidad pues ya se conocen de nuevo más claramente los casos con la ayuda de los orientadores de derechos humanos, los vecinos en las comunidades o de los familiares en quienes las víctimas confían.

“Estos agresores sexuales son por lo general personas totalmente funcionales, están entre nosotros, trabajan, son vecinos confiables. Son conscientes y cuentan con sus facultades mentales íntegras. Eso los ayuda a estar situados en la realidad y a tener noción del bien y del mal. Sabe lo que está haciendo, por lo que se esconde y utiliza el silencio como herramienta y arma para perpetuar la violación”, indica Lara.

Daniela Ziritt, psicóloga clínica y profesora de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que una relación sexual que involucre a un menor de edad siempre es una violación sexual porque hay manipulación y abuso de poder. “Ocurre mucho con las adolescentes que se tiende a juzgar, si hay conductas apropiadas por parte de ellas, si puede ser algo consensuado y eso es algo que no se debe cuestionar como sociedad”. (El Universo)

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