En agosto de 2017, el Jefe de Estado ya adelantaba un plan de medidas de austeridad, luego de que, a dos meses de estar en el cargo, reclamara porque su antecesor, Rafael Correa, no le dejara “la mesa servida”.
En esos momentos, Moreno anunció la venta de uno de los dos aviones que usa la Presidencia, automóviles de lujo, reducir en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos de nivel jerárquico superior y la comercialización de todos los bienes inmuebles de INMOBILIAR, dinero que será invertido en el programa ‘Casa para Todos’.
En mayo de 2018, 3110 bienes públicos, entre vehículos, embarcaciones, motocicletas, entre otros, se subastaron. En el mismo mes se anunció un nuevo proceso de subasta con 35 autos de alta gama, que pertenecían a las instituciones públicas. Sin embargo, hasta diciembre de 2018, los dos aviones continúan en poder del gobierno; ninguno de ellos ha sido vendido.
El Ministerio de Trabajo y la SENPLADES analizarían la eliminación de instituciones de la Función Ejecutiva que no generen aporte significativo. Pese a que estas disposiciones no aplicaban a las funciones Legislativa, Judicial y Electoral, les exhortaba a aplicarlas. Posteriormente, el secretario de Planificación, en ese entonces Etzon Romo, anunció el cierre de 5 empresas públicas y la fusión de otras 4.
La Empresa Pública Cementera y ENFARMA serían liquidadas inmediatamente, mientras que, hasta 2021, se lo haría con FABREC, YACHAY y Ecuador Estratégico. Otra fusión que se haría es la de PETROECUADOR y PETROAMAZONAS.
La empresa Ferrocarriles del Ecuador y los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento se transformarían en la Empresa de Promoción Turística y Desarrollo (PROTUR). También se maximizaría la rentabilidad de las empresas CNEL, CELEC, CNT, Empresa Pública del Agua y ASTINAVE.
Por su parte, la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), Medios Públicos, Correos del Ecuador, ENAMI, Santa Bárbara, FLOPEC, TAME y la Empresa Pública Casa Para Todos se estabilizarían y se harían alianzas estratégicas
Luego de que el Gobierno Nacional reiteró que los servidores del sector social no iban a ser afectados con estas fusiones y eliminaciones de entidades; se hicieron públicos despidos en varias instituciones públicas.
En la Asamblea Nacional, hasta marzo de 2018, 257 personas fueron desvinculadas. Hasta noviembre, 55 personas fueron despedidas de los medios públicos, pero se esperaban más recortes, que sumarían 200.
Manejándose en una línea de austeridad y optimización en los Ministerios y Empresas Públicas, según la SENPLADES, ya de la mano de José Agusto Briones, reveló que, hasta mayo de este 2018, 42.000 funcionarios habían sido desvinculados. Sin embargo, a esta cifra se debe sumar los empleados despedidos de otras funciones.
En junio de 2018, el consejero del Presidente Moreno, Santiago Cuesta, anunció que se encontraron miles de contrataciones irregulares en el sector público, sobre todo, de quienes tenían contratos ocasionales y nombramientos provisionales.
Por ello, el ministro Raúl Ledesma, confirmaba que, a partir del 1 de julio, no haría nuevas contrataciones bajo esta modalidad. Explicó que había 70.000 personas bajo contrato de servicios ocasionales.
De estos, unos 30.000 debían ir, obligatoriamente, a concursos porque la idea era regularizar su situación. Sobre los otros 40.000 cada entidad debía analizar si se requería o no la renovación de la plaza.
Sin embargo, para noviembre de 2018, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, integrante de la Comisión de Régimen Económico, denunció que, entre diciembre del 2017 a junio del 2018, se registró un incremento de 1.272 funcionarios públicos. “Nos han engañado”, criticó el legislador, en relación a la promesa del Gobierno de que se reduciría el gasto corriente, en marco del Plan de Austeridad. (Ecuadorinmediato)
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