Un total de siete funcionarios públicos fueron separados de sus puestos por tener bienes o recursos en los llamados ‘paraísos fiscales’, en virtud de una ley aprobada tras la consulta popular que prohíbe esta práctica.
El diario El Telégrafo precisa que la Contraloría General del Estado (CGE) realiza exámenes a 53 servidores públicos que no han regularizado su situación.
Según lo previsto, los funcionarios públicos que poseían bienes o capitales en países considerados como paraísos fiscales tenían hasta el pasado 6 de marzo para presentar una declaración ante la CGE en la que informen que dejaron de poseer esos recursos.
Más implicados
Cumplido el plazo, el organismo de control detectó 485 declaraciones patrimoniales con bienes o capitales en paraísos fiscales, las cuales fueron presentadas por servidores que estaban en funciones antes del 8 de septiembre de 2017, precisa el rotativo.
Añade que de esa cifra proporcinada por el ente de control, 214 servidores públicos declararon que dejaron de tener esos bienes. Otros 121 casos finalizaron su gestión o renunciaron; 97 fueron errores de digitación del país por parte de los propios declarantes y corrigieron la equivocación.
Sin embargo, 53 funcionarios no regularizaron su situación, por lo que el organismo encargado realiza un seguimiento para adoptar acciones legales.
Adicionalmente se detectaron 11 casos de servidores que se posesionaron luego de la vigencia de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, por lo que la Contraloría inició los exámenes especiales.
Como resultado de este proceso se dictaminó la destitución de siete servidores y se resolvió el archivo de cuatro casos por no evidenciarse la infracción.
Consulta Popular 2017
En 2017 los ecuatorianos acudieron a las urnas en una consulta popular en la cual la mayoría aprobó establecer como requisito que un funcionario público no pueda tener cuentas o bienes en los paraísos fiscales, para luchar contra la evasión y la elusión.
Sobre el tema, Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, cuestionó que en el actual Gobierno hay un relajamiento en la agenda pública el tema de los paraísos fiscales.
Cuestionó que la Ley de Fomento Productivo implica un relajamiento de la política con relación a los paraísos fiscales.
“En la ley se dice que si una empresa hace un contrato de inversión sobre sectores prioritarios, está avalada para que el 100% de sus utilidades salgan del país sin pagar Impuesto a la Renta ni Impuesto de Salida de Divisas”, alertó Muñoz.
En cambio, la asambleísta Lourdes Cuesta, por el movimiento CREO, cuestionó que la ley sobre paraísos fiscales no fue pensada en beneficio de la colectividad, sino para inhabilitar políticamente a Guilermo Lasso, excandidato a la presidencia,
El Servicio de Rentas Internas (SRI) considera a 88 jurisdicciones paraísos fiscales, principalmente porque hay nula transparencia y opacidad en la información sobre hechos fiscales, financieros y societarios.
Panamá atrae recursos Panamá es el paraíso fiscal con mayor presencia de recursos de ecuatorianos (60%), seguido de Barbados (12%). (Andes)
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