“Es una deuda, sin duda. Mi función como Gobierno es reparar esa deuda”, dice Augusto Barrera, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), tras señalar que al menos unos 40 mil jóvenes no logran ir a la universidad en Ecuador.
La tasa bruta de matriculación pasó del 33% en el 2006 a su punto máximo en el 2011 (42,2%), sin embargo, en el 2017, académicos consultados señalan que “las tasas han caído a niveles alarmantes”. Se ubica en el 30%, porcentaje incluso menor a los que había antes de la revolución ciudadana. Barrera atribuye a la “estandarización” del examen de admisión y a la falta de cupos las causas del problema.
Unas 40 mil ‘vidas marcadas’
Amy Flores cree que su sueño de ser profesional se aleja cada vez más. “Estaría estudiando si tuviera para pagarme la carrera… No me aceptaron porque no había cupo”, se lamenta esta bachiller de 22 años cuando habla de los tres intentos frustrados por entrar a una universidad pública.
Se graduó en el 2015 en un colegio de Guayaquil con la idea de estudiar Fotografía, Diseño Gráfico o Turismo, pero no logró el puntaje y aunque en enero consiguió su mejor nota (789), no halló cupo: “Quiero tener un título y un buen trabajo. Si no logro estudiar, buscaré ahorrar y pagaré la carrera”.
La de Amy es una de las “entre 35.000 y 40.000… vidas marcadas” que aún no han podido ingresar a la universidad, según estima Augusto Barrera, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). “Es una deuda, sin duda. Mi función como Gobierno es reparar esa deuda”, dice Barrera y critica: “Un error enorme del gobierno anterior fue no reconocerlo”. No obstante, sus estimaciones no coinciden con sus cifras. La demanda, que creció por efectos demográficos y cobertura del bachillerato, dice, llega a “190.000 postulantes”, frente a “90.000 cupos” públicos y 40.000 privados, lo que dejaría un faltante de 60.000, que busca cubrir con 30.000 de educación virtual. “El restante puede ir a nivelación”, indica.
Esta diferencia se refleja en la tasa bruta de matriculación, que demuestra que no todos acceden a la U. En el 2017 se matriculó el 30% de la población (sin rango de edad, pero del grupo etario –18 a 24 años– en ese nivel educativo), porcentaje menor al del 2006 (33%).
“Las tasas han caído a niveles alarmantes”, concluyen los investigadores Luis Tobar y Santiago Solano en el capítulo sobre ‘El acceso y la permanencia en la Universidad’, en una publicación de abril. Ahí detallan la caída del crecimiento de matriculados: bajó del 58,5% en el periodo 2000-2007 al 10,4% en el lapso 2008-2015. En cifras totales, en el primer periodo el alumnado creció de 279.694 a 443.509, mientras que en el segundo lapso aumentó apenas de 531.467 a 587.043.
“Antes de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior), el número de estudiantes crecía, pero con la LOES ha bajado”, resume Tobar, vicerrector de la Universidad Salesiana.
Él y académicos como Milton Luna, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, atribuyen este declive de la matrícula a los cambios que introdujo en el sector la llamada revolución ciudadana, que impulsó la Constitución del 2008 que señalaba: “La educación superior pública será gratuita”.
Con esta premisa, decenas de miles de bachilleres como Sara Villón, Éricka Morán o Luisa Guzmán accedieron a las universidades. La tasa de matrícula del 2008 al 2011 creció del 35,4% al 42,2%, según la Senescyt y cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Sin embargo, la misma Constitución que garantizaba la gratuidad restringía el acceso, pues creaba un sistema de admisión que rige desde el 2012, tras aprobarse la LOES en el 2010.
“Adoptó un sistema de ingreso a las universidades basado en exámenes estandarizados de Lenguaje y Matemáticas que tuvo el único resultado que cabía esperar: discriminó a los pobres..., haciendo que las tasas de asistencia a la educación superior se redujeran en cuatro años hasta niveles incluso peores que los que había antes de la revolución ciudadana”, concluye Luna con quien coincide Fernando Sandoya, vicerrector académico de la Universidad de Guayaquil: “Hay que ser claros, el sistema está diseñado para que ingresen no los más brillantes, sino los más preparados”.
Ambos se refieren al Examen Nacional de Educación Superior (ENES) que se tomó del 2012 al 2016. El año pasado fue reemplazado por Ser Bachiller, test que ya se tomaba a quienes terminaban la secundaria.
De las evaluaciones ENES y Ser Bachiller, los mejores puntuados provenían de colegios particulares. En el ENES del 2014, en la Costa, los diez mejores planteles eran privados, con pensiones de más de $ 300; en la Sierra, de los diez mejores, ocho eran privados, con pensiones de hasta $ 1.390.
“No es que los chicos (de planteles fiscales o rurales) no tengan la capacidad; no tienen las herramientas para poder estar en ‘un mano a mano’ con un joven que tiene acceso a computadora, internet, de una entidad privada”, analiza Tobar.
Los exámenes ENES y Ser Bachiller, elaborados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), sirven para detectar falencias en áreas como Matemáticas, dice la directora Josette Arévalo. No obstante, la prueba también decide el futuro de miles de jóvenes.
¿Es justo ese examen teniendo en cuenta las deficiencias? “No me gusta hablar de justicia. Tenemos que estar basados en los estándares del Ministerio de Educación para estar seguros de que los chicos han aprendido lo que tenían que aprender en su vida estudiantil”, contesta.
En centros de nivelación como Ceipol, dice su director Francisco Sandoya, se detecta que “más del 70% de los contenidos de las pruebas no lo han visto (en el colegio)”.
A criterio de Augusto Barrera, haber estandarizado la prueba es uno de los problemas que se busca remediar con las reformas aprobadas a la LOES, que consideran las notas del alumno en su vida escolar. La falta de cupos, otro problema. (El Universo)