Duermen en el piso y comen en vasos desechables. En las duchas no hay jabones y al papel higiénico lo cuidan como un tesoro. Un colchón es un privilegio que puede costar fácilmente USD 500. Así son las condiciones de vida en los pabellones de la Penitenciaría de Guayaquil.
Este centro, considerado el más peligroso del país, también es la cárcel con más prisioneros. Tras sus muros hay 8 542 personas y su capacidad máxima es de 5 200. Es decir, el hacinamiento en esta cárcel llega al 62,8%.
El exceso de presos es uno de los factores determinantes en el incremento de la violencia. Eso se detalla en el último informe del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. En ese documento, emitido en mayo de este 2021, ya se alertaba que la “expansión delictual de las organizaciones en la mayoría de los Centros de Rehabilitación Social se ha incrementado con el hacinamiento existente en cada una de las cárceles”.
De allí que señalaba que, hasta finales de mayo, Ecuador tenía unas 40 000 personas en sus prisiones, pese a que su capacidad máxima es de 29 800.
Por eso, el organismo oficial indicó que este escenario era “ideal para que el crimen organizado pueda elegir y tomar a sus nuevos integrantes para el desarrollo de sus economías criminales”. Además, en esa época se identificó que detrás de las mafias locales están los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación de México.
¿Por qué hay tantos presos?
Datos de los registros administrativos de los centros penitenciarios del país muestran un incremento en la evolución del hacinamiento en las cárceles desde el 2014 (ver infografía). En ese año, la población penitenciaria bordeaba los 23 531 detenidos. En siete años, esa cifra se ha triplicado y una de las principales razones es la entrada en vigencia del Código Integral Penal (COIP).
Esto lo ha confirmado el mismo sistema de Rehabilitación Social. En su instrumento de planificación estratégica se detalla que la normativa penal creó una “dependencia excesiva de la pena de prisión y la prisión preventiva como un recurso legal para el debido proceso y garantizar la presencia del involucrado ante la justicia”. Esto quiere decir que más personas ingresaron a las cárceles antes de recibir sentencia y que enfrentaron las investigaciones tras las rejas.
Los datos oficiales confirman esa realidad. El 42% de los detenidos en el país no ha recibido una sentencia y están dentro de procesos abiertos.
El abogado y experto en temas penitenciarios Daniel Pineda dice que esto refleja que la Función Judicial ha manejado mal la medida de prisión preventiva. De hecho, en el?pabellón 2 de la Penitenciaría, en donde fueron asesinados 68 presos el fin de semana del 13 de noviembre del 2021, la mayoría estaba en procesos transitorios?o sin condena.
Otro dato importante que revela el aumento del hacinamiento con el COIP es que el 90,43% de los presos que han recibido una sentencia ha sido juzgado bajo esta normativa. Solo el 9,57% corresponde al anterior código penal.
Para organizaciones de Derechos Humanos como Inredh y el Comité para la Defensa de los Derechos, esto ocurrió porque el catálogo del COIP aumentó la punidad en delitos contra la propiedad y relacionados a drogas.?Hoy, el 53,8% de presos (20 581) del país está en celdas por ambas causas.
Por todos estos hechos, el informe de la Comisión de Soberanía de la Asamblea sobre la crisis penitenciaria concluyó que el Gobierno e instituciones como la Función Judicial, el SNAI y ministerios tienen responsabilidad en los actos de violencia de este año, que causó el asesinato de 318 presos.
Incluso, las estadísticas revelan que enero y febrero fueron los meses con los picos más altos de ingreso de personas a las cárceles. En los dos meses entraron 7 163 detenidos y elevó el hacinamiento. Las tres masacres más graves de la historia del país ocurrieron durante y después de esos meses.
El Gobierno analiza cómo reducir la población penitenciaria. Entre las opciones están los indultos y la salida de personas con discapacidades y enfermedades crónicas. Desde el 2014, el único año que se registró una disminución del hacinamiento fue el 2020, por la pandemia. (El Comercio)