La lucha contra el acoso sexual marcha sobre ruedas en Ecuador, donde la campaña «Bájale al acoso« se ha embarcado en más de 2 mil 200 autobuses y ha arrojado más de un millar de denuncias que han derivado, hasta el momento, en once condenas.
La estrategia comenzó en marzo de 2017 en 120 vehículos del sistema de transporte público, pero ahora se ha involucrado al 80 por ciento del transporte privado, por lo que el sistema de alerta está operativo en casi todas las rutas del distrito metropolitano de Quito.
El procedimiento es lo más simple posible para un momento tan sensible para quien es acosado: se envía por móvil la palabra «ACOSO» y el número del autobús en un mensaje de texto gratuito al número 6367.
El mensaje llega a una central que se comunica inmediatamente con el conductor del vehículo y se activa en los altavoces:
Menos de un minuto después, la víctima recibe una llamada de psicólogos desde una central que tiene georeferenciado el autobús, y la ofrecen acompañamiento vía telefónica mientras la Policía Metropolitana y los equipos de la empresa de transporte se activan para intervenir en la siguiente parada.
Las autoridades escuchan a la víctima para conocer sus próximos pasos: seguir la ruta, desembarcar de la unidad y en el próximo punto ser acompañada para hacer la denuncia en ese momento o, si así lo desea, hacerlo más tarde.
La psicóloga Michele Vilatuña, que trabaja en el programa, comentó a Efe que entre los casos más graves que ha tratado figuran «usuarios que se masturban o eyaculan en víctimas», algunas de ellas menores de edad, adolescentes o jóvenes hasta los 27 años.
Según la experta, a diario se reportan entre diez y quince casos de acoso, de los cuales entre dos y cuatro «están relacionados directamente con situaciones de acoso y abuso sexual en el transporte público«.
Desde su puesta en marcha, el sistema ha recibido más de mil 234 denuncias, de las cuales 31 han sido canalizadas a través de Fiscalía y se han logrado once sentencias con condenas que van desde los 12 a los 38 meses de prisión.
María Fernanda Pachecho, presidenta del Patronato San José, gestor de la estrategia, explica que los dos últimos casos fueron «bastante preocupantes» pues las víctimas fueron dos niñas menores de doce años.
Y subrayó que el proceso de denuncia garantiza, con una política de confidencialidad «sumamente estricta», que «no haya una revictimización».
Las víctimas entran, además, en un proceso de reparación en el que una brigada del Patronato las acompaña tanto en la denuncia como en el apoyo posterior.
Ello porque han comprobado que las víctimas desarrollan «traumas marcados» y muchas han expresado temor a salir solas, en horas de la noche, e incluso, una de ellas, se planteó no terminar sus estudios nocturnos «por miedo» a ser acosada de nuevo, relata Pachecho.
El programa «Bájale al acoso» surgió tras alarmantes cifras en 2014 que reflejaban que el 81 por ciento de las mujeres que usaba el transporte público de Quito consideraba haber sido objeto de acoso, y un 91 por ciento en espacios públicos de la capital.
Pacheco subraya que, aparte de las víctimas, también recurren al sistema de emergencia personas que han sido testigos de acoso.
«Lo que hemos logrado con esta estrategia es no solo el proceso de enjuiciamiento, que es importante. Lo que más nos importaba era modificar patrones de comportamiento», indica.
Y lograr con ello una «sanción social» para que las situaciones de acoso se dejen de ver «como normal» y que «la gente alrededor tome acción», puntualiza.
Un ejemplo es el de la venezolana Daimary Padilla, a quien un desconocido le tocó la nalga y otros pasajeros encararon al acosador y lo bajaron del autobús.
El transporte público del distrito metropolitano de Quito tiene más de un millón de pasajeros por día y, a decir de Pacheco, han logrado que más del 77 por ciento conozca la existencia de la herramienta.
El objetivo ahora es completar su instalación en todos los autobuses para avanzar en la lucha contra el acoso y en busca de una sociedad mucho más segura.
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